La bancada del Pacto Histórico en el Congreso, en su condición de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, convocó a una movilización nacional para el martes 24 de noviembre, en rechazo al Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes el pasado 20 de octubre. Los congresistas de esta colectividad denuncian que el Gobierno pretende aprobar el presupuesto «a pupitrazo», es decir, sin una discusión de fondo, y critican duramente el incremento en el servicio de la deuda pública, así como los recortes en áreas sensibles como educación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las regiones.
El presupuesto para 2027 asciende a 634,9 billones de pesos, un aumento del 14,2 % frente al de 2026. Sin embargo, el crecimiento más alarmante se registra en el servicio de la deuda, que pasa de 100,4 billones a 147,1 billones, un incremento del 46 % que representa uno de cada cuatro pesos del presupuesto nacional. Este incremento se da a pesar de que el proyecto de presupuesto original, radicado por el gobierno anterior, era 59 billones menor; de ese margen, 29 billones se destinaron al servicio de la deuda y 16,6 billones al Ministerio de Hacienda, cuyo funcionamiento creció un 37 % con 2,15 billones adicionales. El comunicado denuncia además que la sobreestimación del servicio de la deuda es evidente: con un canje de TES por 19,8 billones y el retiro de 17,4 billones en vencimientos de 2027, el proyecto solo redujo 8,36 billones de esa partida, lo que dejaría cerca de 9 billones presupuestados para pagos que ya no corresponderían a vencimientos del próximo año.
«El Gobierno pretende aprobar ‘a pupitrazo'»
Comunicado de la bancada del Pacto Histórico
Recortes en justicia transicional y educación
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, sufre el recorte más drástico: su inversión cae de 189.521 millones de pesos a apenas 34.119 millones, una reducción del 82 % que equivale a 181.402 millones menos. De esa cifra, 11.402 millones fueron trasladados al Ministerio de Defensa, una decisión que los congresistas de oposición consideran incompatible con los compromisos de paz. En educación, el Ministerio de Educación registra una pérdida neta de 310.000 millones de pesos en inversión para educación superior, sin que se haya precisado el impacto que esto tendrá sobre la política de gratuidad educativa. El Sena, por su parte, vio cómo los 500.000 millones de pesos que las comisiones económicas habían logrado devolver a su presupuesto fueron retirados nuevamente en la ponencia posterior.
Inversión regional y bolsas sin control
Catorce departamentos recibirían menos inversión real en 2027 que en 2026, y nueve de ellos son departamentos PDET, creados precisamente para atender zonas afectadas por el conflicto armado. La inversión total pasaría del 16,1 % al 14,9 % del presupuesto nacional, y si se excluyen la bolsa de Hacienda y los subsidios de energía, la caída real sería del 6 % frente al año anterior. El comunicado denuncia la existencia de una bolsa de 3,9 billones de pesos sin proyectos definidos, y alerta sobre dos artículos nuevos incorporados al texto que permitirían al Ministerio de Hacienda trasladar mediante decreto los saldos de entidades y fondos al denominado Fondo Milagro, sin necesidad de aprobación previa del Congreso. Esto implicaría una partida de 14 billones de pesos que quedaría a disposición del Gobierno sin control legislativo.
En el trámite de segundo debate, la ponencia redujo en 8,36 billones de pesos el servicio de la deuda, recursos que fueron trasladados a inversión y funcionamiento. Sin embargo, los congresistas del Pacto Histórico consideran que estos ajustes son insuficientes y que persiste una sobreestimación del servicio de la deuda, con cerca de 9 billones de pesos que podrían estar presupuestados para pagos que ya no corresponden a vencimientos de 2027. La movilización del 24 de noviembre busca presionar por una asignación responsable de los recursos públicos y rechazar las medidas de austeridad que, según denuncian, implican una reducción general del gasto en detrimento de las necesidades sociales y la paz.
