En un nuevo capítulo de la polarización política en Colombia, el Pacto Histórico salió en defensa de la reforma pensional aprobada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, denunciando lo que calificó como un intento de «criminalización mediática» del debate legislativo. A través de un comunicado oficial y una publicación en la red social X, la colectividad —hoy en la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella— rechazó las acusaciones que buscan deslegitimar una iniciativa que consideran «una conquista del pueblo colombiano». El pronunciamiento se da en medio de las revelaciones del caso Ungrd, donde el exdirector Olmedo López, en un principio de oportunidad, habría señalado presuntos pagos a congresistas y vinculado a un magistrado de la Corte Constitucional en el trámite de la ley.
La reforma pensional, que amplía la protección social y busca garantizar una vejez digna para millones de colombianos, fue ratificada en su gran mayoría por la Corte Constitucional. Sin embargo, la senadora Paloma Valencia, vocera del Centro Democrático, ha pedido a las autoridades esclarecer posibles conexiones entre las declaraciones de Olmedo López y la aprobación del proyecto. «El crimen no se puede convertir en una ley. Lo que estamos viendo con la reforma pensional y la Unidad de Riesgo no solamente se refiere a la compra del Congreso de la República con los recursos de los colombianos y de las emergencias, sino también a una presunta vinculación de la Corte Constitucional», afirmó Valencia, quien insistió en que «Ojo, pues, porque Olmedo López está presentando un principio de oportunidad donde muestra no solamente la entrega de dineros presuntamente a muchos congresistas, sino los mensajes con un magistrado de la Corte Constitucional».
Un debate legal, político y democrático
El Pacto Histórico, por su parte, defendió la transparencia del proceso legislativo. Según la colectividad, durante el trámite se realizaron 15 sesiones de plenaria, se presentaron dos ponencias de archivo y una ponencia alternativa, se tramitaron cuatro sesiones de impedimentos y se llevó a cabo una audiencia pública. «El texto aprobado fue resultado del diálogo y la concertación entre diferentes fuerzas políticas», señaló la bancada en su comunicado. Además, respaldó la labor de la senadora María José Pizarro, quien fungió como primera vicepresidenta del Senado, asegurando que «su actuación fue pública y está respaldada por las actas y registros oficiales».
La colectividad atribuyó los intentos de deslegitimar la iniciativa a sectores que, según dijeron, «pretenden criminalizar mediáticamente y convertir en sospecha lo que fue un debate legal, político, democrático y público». En este sentido, el Pacto Histórico sostuvo que trabajó durante meses con el Gobierno nacional y el Ministerio del Trabajo para lograr acuerdos, y que las distintas bancadas tuvieron garantías para intervenir, presentar propuestas y votar el articulado. «La discusión y las decisiones ocurrieron en espacios públicos del Legislativo, con registros en el Congreso y publicaciones de prensa», enfatizaron.
«Pretender judicializar el debate político y las diferencias ideológicas propias del Congreso es contrario a la democracia»
Pacto Histórico, Comunicado oficial
La reforma, bajo la lupa de la justicia
Mientras el Pacto Histórico insiste en que la reforma pensional es «una de las principales transformaciones sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro», la oposición, liderada por el Centro Democrático, pide que se establezcan responsabilidades si las investigaciones determinan que existieron irregularidades. Paloma Valencia fue enfática al señalar que «Colombia debe estar alerta. La Reforma es de la gente y no se la van a arrebatar», citando la advertencia del Pacto Histórico, pero desde una perspectiva crítica. El comunicado de la colectividad, que no identifica a personas o partidos específicos, concluye con un llamado a la ciudadanía a defender esta conquista social, en medio de un escenario donde las denuncias del caso Ungrd amenazan con empañar el legado legislativo del gobierno anterior.
