La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia denunció que el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, pone en grave riesgo la propiedad privada al otorgar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades administrativas para cancelar gravámenes y tomar posesión de predios sin intervención judicial. La firma del decreto se produjo cuando faltaban apenas 16 días para el final del mandato del presidente, un detalle que la congresista calificó como una maniobra apresurada para imponer una reforma agraria sin los controles legales necesarios. El acto administrativo modifica decretos reglamentarios del sector agropecuario, de justicia y de hacienda, y habilita a la ANT para producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa, según denunció Valencia en sus redes sociales.
El decreto fue sometido a un breve periodo de comentarios públicos en el portal SUCOP entre el 2 y el 8 de julio de 2026, es decir, apenas siete días, y establece como fecha límite el 25 de julio de 2026 para que la Superintendencia de Notariado y Registro cree un código registral especial para los predios declarados de utilidad pública. Según lo dispuesto, la ANT podrá presentar solicitudes de inscripción ante Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o ante el registrador correspondiente, sin que medie un proceso judicial que garantice los derechos de los propietarios. Valencia advirtió que el decreto fue firmado con ministros encargados, lo que evidencia la urgencia con la que se tramitó una medida de tal calado.
Declaraciones de la excandidata presidencial
En una contundente intervención pública, Paloma Valencia detalló los alcances del decreto y advirtió sobre sus consecuencias. Afirmó que la norma excede de forma peligrosa las facultades legales, al permitirle a la ANT cancelar gravámenes, tomar posesión inmediata de predios en el papel sin entrega física y generar efectos registrales con una simple promesa de compraventa. Para Valencia, se trata de un decreto ilegal e inconstitucional que, aunque podría ser tumbado por el Consejo de Estado, provocará mientras tanto afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir.
«El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa»
Paloma Valencia, exsenadora
«Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir»
Paloma Valencia, exsenadora
«Despoja al legítimo dueño o reclamante de su derecho sobre la tierra y lo manda a pleitear durante años una indemnización monetaria contra el Estado»
Paloma Valencia, exsenadora
La excandidata presidencial explicó que el decreto se sustenta en modificaciones a reglamentaciones previas del sector agropecuario, justicia y hacienda en materia de saneamiento de predios transferidos a la ANT conforme a la Ley 160 de 1994, pero advirtió que la medida despoja al legítimo dueño o reclamante de su derecho sobre la tierra y lo obliga a iniciar un largo litigio para obtener una indemnización monetaria contra el Estado. Además, señaló que la creación de un código registral especial con carácter publicitario y sin efectos de limitación de dominio, lejos de garantizar transparencia, podría complicar el acceso a créditos para pequeños y medianos productores y generar un clima de incertidumbre jurídica. Valencia insistió en que la vía administrativa no puede reemplazar la intervención judicial en materia de propiedad privada y que el decreto, a su juicio, sienta un precedente peligroso para la seguridad jurídica del país.
