Una tormenta política sacude la transición presidencial en Colombia. Figuras del petrismo, entre exfuncionarios y congresistas del Pacto Histórico, lanzaron duras críticas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella por encabezar un retiro espiritual con su gabinete designado en el Atlántico, calificando el acto como una vulneración directa al carácter laico del Estado consagrado en la Constitución de 1991. La reunión, definida como la «primera reunión oficial del gabinete» entrante, incluyó alabanzas, oración y la entrega de biblias con carátulas personalizadas en los colores de la campaña electoral del mandatario electo, en un evento donde el guía espiritual afirmó que habían «empezado con el pie derecho».
El acto religioso, que tuvo lugar previo a la posesión presidencial, muestra a De la Espriella portando una camándula junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a los ministros designados que harán parte de su gobierno a partir del próximo periodo constitucional, que inicia tras la administración de Gustavo Petro. La controversia se centra en el artículo 19 de la Carta Magna, que establece la neutralidad del Estado colombiano en materia religiosa y la libertad de cultos, un principio que superó el estatus oficial que tenía la Iglesia católica bajo la Constitución de 1886 y que exige que las políticas públicas se fundamenten en el interés general y no en dogmas de fe.
El Estado laico en entredicho
Las reacciones más contundentes llegaron de Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, quien advirtió que «desconocer que Colombia es un Estado laico es una afrenta a la Constitución y un retroceso de siglos. Suplantar la Constitución con la Biblia es algo que de ninguna manera podemos tolerar». La declaración refleja la indignación en las filas progresistas, que ven en el gesto del presidente electo un peligroso precedente para la separación entre lo religioso y lo político en el país, donde coexisten múltiples confesiones y también millones de personas que no profesan ninguna creencia.
«El Estado laico no tiene una religión oficial y garantiza la libertad de conciencia y de cultos para todas las personas. Esto significa que todas las confesiones religiosas son iguales ante la ley y que quienes no profesan ninguna religión gozan de la misma protección. Un Estado laico no es un Estado contrario a la religión; por el contrario, protege el derecho de cada persona a creer, cambiar de religión o no tener ninguna».
Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía
La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, sintetizó el malestar con una pregunta directa: «¿Y el Estado laico para cuándo?», mientras que Antonio Sanguino, ministro de Trabajo saliente, calificó el episodio como «absolutamente grotesco», señalando que «un Estado laico, como lo define nuestra Constitución y como se deriva de nuestra tradición republicana, no puede terminar convertido en una Iglesia o en una confesión religiosa. Oscurantismo puro y duro». Por su parte, Heidy Sánchez, concejala de Bogotá, ofreció una reflexión más matizada pero igualmente crítica, al señalar que «la fe de cualquier servidor público merece respeto, pero el gobierno tiene obligaciones constitucionales con un país diverso. Colombia es un Estado laico, y esa garantía existe precisamente para impedir que las creencias personales se confundan con las decisiones públicas. Si esa frontera empieza a desdibujarse, las alarmas democráticas se encienden».
La concejala también cuestionó la autenticidad de la conversión del presidente electo, recordando que «si este es el punto de partida de la llamada ‘patria milagro’, encabezada por quien antes se proclamaba ateo y de manera conveniente ahora es un fervoroso creyente, vale la pena preguntarse si los problemas del país se enfrentarán con políticas públicas o con actos de fe. Gobernar exige responsabilidad, rigor y respeto por la institucionalidad». Mientras el debate se intensifica, el país observa con expectativa cómo el nuevo gobierno conciliará las creencias personales de sus funcionarios con el mandato constitucional de mantener un Estado neutral que garantice la libertad de conciencia para todos los colombianos, creyentes o no.
