En una transmisión del Consejo de Ministros realizada el 14 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto del mismo año, al acusarlo de haber llegado al poder mediante un «fraude electoral». La decisión del mandatario saliente abre un debate constitucional inédito sobre la validez de la investidura sin su presencia, un escenario que, según expertos, no afecta la legitimidad del acto. «Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude», declaró Petro durante la transmisión.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 192, establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso y prestar juramento. Sin embargo, la asistencia del presidente saliente no es un requisito para la validez de la investidura; la condición indispensable es la presencia de los congresistas. El expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, explicó que «el presidente de turno no le entrega el poder al ganador; el ganador es elegido por el pueblo». Además, aclaró que «desde el punto de vista constitucional, no importa que el presidente de turno diga que no reconoce al ganador. El ganador es declarado por un órgano constitucional y la Constitución establece el mecanismo para que asuma el cargo, respetando la voluntad popular». Cepeda destacó que la Carta Magna, en sus 35 años de vigencia, ha demostrado capacidad para responder a este tipo de situaciones.
La propuesta de posesión en una guarnición militar
Frente a la negativa del presidente Petro, el equipo de De la Espriella solicitó al Congreso evaluar la posibilidad de que la ceremonia se realice en una guarnición militar en el sur del país. El presidente electo insiste en ese plan, anunciado un día antes de las declaraciones de Petro, como un homenaje a los uniformados. «Pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa: me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad», afirmó De la Espriella.
No obstante, Petro ha rechazado la opción de un cuartel, argumentando que las Fuerzas Militares y la Policía permanecen bajo su mando hasta que el nuevo presidente preste juramento. El equipo de De la Espriella ya envió una carta a los secretarios del Senado y de la Cámara, Diego Alejandro González González y Jaime Luis Lacouture Peñaloza, respectivamente, para que estudien el traslado del Legislativo a una instalación militar el día de la posesión. La discusión práctica se abrirá después del 20 de julio de 2026, fecha de instalación del nuevo Capitolio, porque cualquier posesión fuera de la sede habitual exigiría que el Congreso se desplace al lugar escogido por el presidente electo. Mientras tanto, el país observa atento el desarrollo de una crisis que pone a prueba los mecanismos constitucionales.
