La reunión prevista entre el presidente Gustavo Petro y la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, en la Casa de Nariño no se llevó a cabo la tarde del lunes 27 de abril de 2026. En su lugar, un emisario entregó material probatorio sobre presuntas irregularidades, en un mutuo acuerdo para suspender el encuentro cara a cara, motivado por el revuelo generado alrededor de declaraciones sobre corrupción que involucran a figuras como la excandidata a viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.
Este episodio se enmarca en un contexto de tensiones internas en el Gobierno, donde Rodríguez ha denunciado un entramado para sacarla de su cargo y apropiarse del presupuesto del Fondo de Adaptación, que supera los 1,2 billones de pesos. Las denuncias han sido formalizadas ante la Fiscalía, que ya citó a la gerente para ampliar su testimonio, en medio de señalamientos de persecución que incluyen seguimientos fotográficos, mensajes amenazantes y pedidos económicos. La presión se agudizó tras las alertas de Rodríguez sobre irregularidades en la selección de Guerrero para el Viceministerio de las Juventudes, destacando la supuesta falta de titulación profesional de esta última.
Denuncias que sacuden al Gobierno
Rodríguez ha calificado a Guerrero como «la que tiene el poder» y su «enemiga más feroz», revelando un panorama de intrigas internas que han impedido el diálogo directo con el presidente Petro. El material probatorio entregado por el emisario busca respaldar estas acusaciones, en un momento en que el manejo de recursos millonarios del Fondo de Adaptación está bajo escrutinio público y judicial.
«Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo»
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación
El caso pone en evidencia las fisuras en la administración Petro, con la Fiscalía avanzando en las investigaciones y Rodríguez enfrentando presiones que podrían redefinir el futuro del Fondo de Adaptación y sus responsabilidades en la gestión de desastres y adaptación climática en el país.
