El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este fin de semana en la plataforma X una imagen con el mensaje “Ni un peso atrás”, en clara protesta contra la suspensión provisional del decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, emitida por el Consejo de Estado el 13 de febrero de 2026. Esta medida judicial frenó temporalmente el aumento del salario mínimo para 2026, que elevaba el valor mensual a 1.705.905 pesos con un incremento del 23,78 por ciento, beneficiando directamente a 2,4 millones de colombianos que perciben este salario a partir de enero de 2026.
La publicación de Petro busca respaldar las marchas convocadas para el 19 de febrero de 2026 en plazas públicas del país, incluyendo la Plaza de Bolívar en Bogotá, con el fin de defender la legalidad del decreto suspendido y exigir el cumplimiento de un “salario vital”. La suspensión, basada en la Ley 278 de 1996, obliga al Ejecutivo a presentar un nuevo decreto en un plazo de ocho días, fundamentado en parámetros económicos y constitucionales sólidos, mientras que un monto transitorio se mantiene vigente de manera provisional hasta la resolución judicial definitiva.
Convocatoria a la movilización nacional
En su mensaje, el mandatario instó a los trabajadores a unirse a las movilizaciones para proteger sus derechos salariales, argumentando que el Consejo de Estado exige razones técnicas, económicas y constitucionales que, según él, ya están sobradamente demostradas. Petro enfatizó la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Constitucional en este tema, posicionándose firmemente en defensa del incremento salarial frente a lo que califica como un retroceso injustificado.
“Ni un peso atrás”
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
“Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento”
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Esta confrontación entre el Gobierno y la alta corte resalta las tensiones en torno a la fijación del salario mínimo, un pilar de la política social petrista, y pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para reformular su propuesta en el corto plazo establecido, mientras miles de trabajadores se preparan para alzar la voz en las calles del país en busca de justicia laboral.
