Una controversia nacional ha estallado luego de que se revelara una directriz interna de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que ordena eliminar los términos “campesinos” y “reforma agraria” de los informes y piezas comunicativas de la entidad, para ser reemplazados por “productores rurales” y “acceso a tierras”, respectivamente. La medida, que se habría comunicado a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a los contratistas de la ANT, ha generado una fuerte reacción del expresidente Gustavo Petro y de varios líderes políticos, quienes la consideran un ataque directo a los derechos constitucionales del campesinado colombiano.
Fue el director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, quien dio a conocer la existencia de la directriz mediante una publicación en su cuenta de X, donde compartió capturas de pantalla del mensaje. En su denuncia, Becerra fue contundente al afirmar que no se trata de un simple manual de estilo. “No es un manual de estilo. Es una secuencia política: frenar la Reforma, desmontar sus conquistas y borrar a sus protagonistas. La contrarreforma está en marcha. Pero la resistencia también”, escribió, calificando la medida como parte de una estrategia de “contrarreforma”.
Petro reacciona con dureza
El expresidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse al respecto. A través de su cuenta en X, cuestionó la lógica de quienes impulsan esta directriz, señalando la magnitud del sector que se busca invisibilizar. “Y creen que con prohibir la palabra campesinos se acaban los once millones de campesinos productores de alimentos en Colombia? O, ¿se elimina las órdenes constituyentes de reconocer al campesinado como sujeto de derechos en Colombia?”, escribió Petro, quien calificó a los responsables de la iniciativa como ignorantes. En su mensaje, el exmandatario arremetió contra el actual Ministerio de Agricultura, al que se refirió como el “minagricultura de los terratenientes y despojadores violentos de la tierra”, dejando en claro que la directriz ocurre bajo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, también se sumó a las críticas con un mensaje cargado de rechazo. “¿Ahora resulta que en el Gobierno está prohibido decir campesinos? El campesinado no es una palabra que se pueda borrar de un manual de comunicaciones. Es un sujeto de derechos y de especial protección constitucional”, afirmó la congresista, quien además sentenció que “el campesinado merece respeto, reconocimiento y derechos”. Para Beltrán, el cambio de términos no es un simple ajuste técnico del lenguaje, sino una maniobra que busca eliminar el discurso de las personas que históricamente han luchado por la tierra en Colombia.
Fundamentos constitucionales en juego
“La Constitución Política en el artículo 65 establece: El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales”
Martha Carvajalino, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural
En medio de la polémica, la exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, invocó no solo el artículo 65 de la Constitución Política, sino también la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para rechazar de forma categórica la directriz de la ANT. La exfuncionaria recordó que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional, con un relacionamiento particular con la tierra basado en la producción de alimentos, lo que lo distingue de otros grupos sociales. Mientras tanto, la ANT, que actualmente es dirigida por la excongresista Lina María Garrido, sigue sin pronunciarse oficialmente sobre la controversia que ha puesto en el centro del debate la identidad y los derechos de millones de colombianos que habitan y trabajan las zonas rurales del país.
