El presidente Gustavo Petro entregó el título de formalización minera para el predio La Mandinga, ubicado en Cáceres, Antioquia, a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle, en un acto público realizado el 11 de abril de 2024 en Caucasia. Esta concesión para la explotación de oro, otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), abarca casi 2.000 hectáreas a escasos metros del batallón Rifles No. 31, pese a denuncias previas sobre extracción ilegal y graves daños ambientales en la zona.
La formalización se produce en medio de una polémica, ya que el predio fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar, y se encuentra bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por proceso de extinción de dominio. Reportes del Ejército Nacional, enviados en noviembre y diciembre de 2022 a Corantioquia por el teniente Héctor Leonardo Saavedra, alertaron sobre el uso de mercurio, la remoción de montañas y el vertimiento de químicos, evidenciando devastación ambiental y actividades ilegales.
Denuncias ignoradas y fiscalizaciones activadas
A pesar de estas advertencias formales y denuncias previas por extracción ilegal, la ANM procedió con la entrega del título, reasignando el caso al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente para intensificar las fiscalizaciones. Un informe final de la entidad fue expedido tras el acto del 11 de abril, lo que ha generado cuestionamientos sobre la decisión tomada en abril de 2024. Fuentes como Presidencia de la República, a través de su canal de YouTube, y el diario El Tiempo han documentado el evento y el contexto controvertido.
Esta entrega pública resalta las tensiones entre los esfuerzos de formalización minera impulsados por el Gobierno y las persistentes alertas ambientales en regiones como Antioquia, donde la minería ilegal sigue dejando huellas profundas en ecosistemas y comunidades.
