El presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en negar cualquier veracidad en la información proporcionada por la Dijín y la Fiscalía de Antioquia sobre supuestos nexos con alias ‘Calarcá’, líder de una fracción de las disidencias de las Farc, argumentando una demora de 16 meses en su entrega a las autoridades competentes. Esta posición se da en medio de una investigación periodística de Noticias Caracol que reveló documentos filtrados a la prensa, los cuales sugieren vínculos de altos funcionarios con el grupo armado en Antioquia, específicamente en Medellín, donde la fiscal local tenía en su posesión informes detallados junto con la Policía Judicial.
Petro, a través de su perfil en la red social X, afirmó desconocer por completo esa información hasta su publicación mediática, cuestionando por qué, de ser cierta, no se actuó de inmediato y por qué tomó 16 meses en ser entregada oficialmente, mientras sí llegó rápidamente a la prensa. Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en una rueda de prensa, lamentó que la Dijín, como Policía Judicial, no haya alertado oportunamente sobre la existencia de esos documentos, los cuales validó como auténticos, pero que solo estaban en manos de la fiscal de Medellín a cargo del caso y no habían sido elevados a instancias superiores como su despacho, la delegada para la criminalidad organizada o la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado.
Reacciones y detalles de la filtración
La controversia surgió tras la publicación de la investigación de Noticias Caracol, que expuso posibles conexiones con alias ‘Calarcá’ basadas en esos informes de extracción no breves ni menores, los cuales no fueron desmentidos por Camargo, quien enfatizó la necesidad de una actuación más rápida que no dependiera de filtraciones periodísticas. Petro, en tanto, calificó los documentos como falsos y exigió su validación mediante métodos científicos, en un contexto de pronunciamientos políticos que han avivado el debate sobre la seguridad y la transparencia en el manejo de inteligencia contra el crimen organizado.
«Nunca supe de la información de la Dijin ni de la Fiscalía en Antioquia. Esperaron 16 meses para entregarla pero a la prensa, si fuese cierta la información se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa, mediante métodos científicos.»
Gustavo Petro, presidente de la República
«Lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, probablemente sí advirtió la existencia de esa información y no la haya alertado.»
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación
«El fiscal general no tenía información, ni lo tenían ni la delegada para la criminalidad organizada, ni la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, ni ninguna otra dependencia. Quien tenía esta información era la fiscal de Medellín a cargo del caso, en unos informes de extracción que no son pequeños, que no son breves.»
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación
«Ella no tenía solo esa información, sino mucha más información. Y lo que yo lamento es que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente se advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado y no le haya dicho para que pudiéramos actuar más brevemente y no por conducto de la filtración de la información, como efectivamente ha sucedido.»
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación
Este intercambio de versiones pone en el centro del debate la efectividad de la cadena de inteligencia entre la Dijín, la Fiscalía y el Ejecutivo, en un momento en que las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’ representan una amenaza creciente en regiones como Antioquia, y resalta las tensiones entre el Gobierno y las instituciones judiciales ante revelaciones que podrían tener implicaciones políticas profundas.
