El presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó este 21 de noviembre de 2025 el nombramiento de Sadid Darío Rojas, conocido como Alias Samir y miembro del frente 36 de las disidencias de las Farc, como negociador de paz a través de una resolución ejecutiva que firmó personalmente. Este anuncio se enmarca en el proceso de paz que impulsa el Gobierno nacional y ha generado inmediata controversia, especialmente por los antecedentes de Alias Samir, quien es buscado por las autoridades judiciales en Antioquia por su presunta implicación en la muerte de 13 soldados en Amalfi.
El nombramiento ha provocado un fuerte rechazo público de figuras políticas como el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó duramente la decisión del mandatario y la vinculó a discusiones actuales sobre posibles nexos entre miembros del Estado y grupos armados ilegales. Briceño ha sido uno de los voces más críticas, destacando el contraste entre los hechos violentos atribuidos a Alias Samir y su nuevo rol en las mesas de diálogo.
Rechazo político y antecedentes controvertidos
La resolución ejecutiva convierte a Alias Samir en un gestor clave para las negociaciones de paz, pero su historia en el conflicto armado, particularmente el ataque en Amalfi donde perdieron la vida 13 soldados, ha encendido el debate nacional. Este suceso coincide con un momento de tensión política donde se cuestionan los vínculos entre el Gobierno y disidencias, avivando la polémica en redes sociales y medios de comunicación.
«Alias Samir, el asesino de 13 soldados en Amalfi, Antioquia, fue nombrado como nuevo gestor de paz de Petro»
Daniel Briceño, concejal de Bogotá
«Primero, los gestores de paz de Petro asesinaron a Miguel Uribe, y ahora un asesino de 13 soldados es premiado por el mismo Petro»
Daniel Briceño, concejal de Bogotá
«Ya sabemos de qué lado están»
Daniel Briceño, concejal de Bogotá
La designación de Alias Samir no solo resalta las complejidades del proceso de paz en Colombia, sino que también profundiza la polarización política en un contexto de crecientes señalamientos sobre la relación entre el Estado y estructuras armadas. Mientras el Gobierno defiende esta figura como parte de su apuesta por el diálogo, opositores como Briceño ven en ello un premio inmerecido a la violencia, lo que promete extender la controversia en los próximos días.
