En una escalada de tensión política sin precedentes en el proceso de transición, el presidente Gustavo Petro respondió de manera directa al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, luego de que este último calificara el actual mandato como una «destrucción institucional muy profunda» durante una entrevista con el diario El Colombiano. El jefe de Estado no solo rechazó el diagnóstico de Restrepo, sino que puso en entredicho la legitimidad del propio proceso de empalme, al asegurar que están negociando con personas que considera «exconvictos» y «otras personas que son ilegítimas». En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, estructurado a modo de pregunta y respuesta, Petro convocó a una movilización popular para el próximo 20 de julio, Día de la Independencia, en el sur de Bogotá.
El cruce de declaraciones se produce en un contexto particularmente sensible, ya que el empalme entre el gobierno saliente y el entrante inició formalmente el pasado 2 de julio, con la participación de más de 1.300 personas distribuidas en 22 sectores. Mientras el equipo de la presidencia electa, liderado por Restrepo, ha reportado hallazgos de supuestas irregularidades como contrataciones masivas de último momento, falta de trazabilidad en fondos y servicios en riesgo, Petro ha optado por cuestionar la raíz misma del proceso electoral. En sus declaraciones, el mandatario afirmó que «el ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia; lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EEUU, de los hermanos Bautista», insinuando nuevamente una supuesta irregularidad en los resultados que le dieron el triunfo a Abelardo de la Espriella.
Una convocatoria en clave de soberanía popular
La respuesta de Petro no se limitó al ámbito institucional, sino que apeló directamente a sus bases. «¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar ¡independencia!», escribió el presidente, enmarcando la movilización como un acto de resistencia popular frente al gobierno entrante. En un tono desafiante, también afirmó: «Dejo mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien fútbol y sin trampas», en clara referencia a las acusaciones de Restrepo sobre «años perdidos» en la historia del país. La convocatoria, prevista para una fecha de alta carga simbólica, sugiere que Petro buscará mantener vigente su influencia política incluso después de la transmisión de mando, programada para el 7 de agosto de 2026.
Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella no ha tardado en responder. En un comunicado reciente, aseguró haber encontrado «cientos de irregularidades» durante el proceso de empalme, por lo que ordenó conformar un grupo de abogados para presentar «denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune». La Contraloría General se sumó al proceso el pasado 5 de julio, a solicitud de Restrepo y De la Espriella, para reforzar la auditoría de los datos. El equipo entrante ha implementado herramientas de inteligencia artificial para verificar contratos y la trazabilidad de los fondos del gobierno saliente.
«Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune»
Abelardo de la Espriella, presidente electo
En medio de este choque frontal, el ministro de Hacienda y coordinador del empalme del gobierno saliente, Germán Ávila, ha intentado poner paños fríos. En una carta respuesta dirigida a Restrepo, Ávila sostuvo que «el Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas», en un llamado a mantener la institucionalidad por encima de las rencillas partidistas. Sin embargo, las últimas declaraciones de Petro, al cuestionar directamente la legitimidad del presidente electo y convocar a la movilización social, elevan la tensión a un nivel inédito en la recta final de su mandato, abriendo un escenario de posible judicialización de los hallazgos del empalme y una polarización creciente en el país.
