El presidente Gustavo Petro y la empresa Nencol (Nodo Energético del Norte de Colombia) protagonizan un fuerte enfrentamiento por la adjudicación de una planta térmica a gas en la Sierra Nevada de Santa Marta, decisión que el mandatario calificó como una traición al progresismo y a la protección de los territorios indígenas. La controversia se desató luego de que, en la subasta de Obligaciones de Energía Firme realizada el 22 de mayo de 2024, un bloque de 288 megavatios fuera asignado a Nencol y Termoinduenergy, proyecto que lleva más de diez años en desarrollo. Según el presidente, la ubicación del proyecto, cerca de la denominada “línea negra” que él mismo decretó para proteger el corazón del mundo, vulnera a las comunidades Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.
“De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, afirmó Petro, quien impulsa una transición acelerada hacia energías renovables. En contraste, Jorge Castellanos, representante legal de Nencol, defendió la legalidad del proceso: “Nosotros hicimos un proceso hace más de diez años, en el proceso de subastas de energía, cumpliendo toda la normatividad, y estamos orgullosos de eso”. Precisa que el proyecto fue sometido a consulta previa con los pueblos indígenas, regulada por la Agencia Nacional de Consultas Previas, y cuenta con las licencias ambientales y el Plan de Ordenamiento Territorial requeridos.
Seguridad energética versus transición ecológica
La subasta de Obligaciones de Energía Firme es un mecanismo diseñado para garantizar el suministro eléctrico en eventos críticos como el fenómeno de El Niño. En ese contexto, Castellanos subrayó la necesidad de contar con fuentes de respaldo firmes: “Hablar de renovables es bonito y romántico. Sin embargo, hay firmeza energética y son dos cosas diferentes. Si no hay energía, hay apagón”. El proyecto a gas no compite con las renovables, sino que refuerza la red cuando la hidroelectricidad es insuficiente, un argumento que contrasta con la postura del Gobierno, que busca acelerar el abandono de combustibles fósiles.
“De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Si no hay energía, hay apagón”
Jorge Castellanos, representante legal de Nencol
El debate también involucra al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien afirmó que entre 2011 y 2019 no se realizó ninguna subasta de gas por confiabilidad, lo que evidencia un vacío en la planificación energética. Mientras tanto, la información pública del proyecto de Nencol reposa en archivos de la Upme, la Creg, el Ministerio de Minas y XM, el operador del sistema. La disputa deja en evidencia las tensiones entre la urgencia de garantizar el abastecimiento eléctrico y la defensa de los territorios sagrados indígenas, un dilema que promete marcar la agenda política y ambiental del país en los próximos meses.
