Un grupo de aproximadamente cien manifestantes intentó pintar un grafiti en un puente comunal ubicado a unos 300 metros de la residencia del expresidente Álvaro Uribe, en el sector de Llanogrande, Rionegro, Antioquia. La acción, liderada por el congresista electo Hernán Muriel, buscaba vincular al exmandatario con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la intervención se realizó sin autorización de la administración local, lo que provocó la intervención de la Policía y enfrentamientos civiles en la zona.
El incidente ha reavivado el debate entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Paloma Valencia, quien además es candidata presidencial, sobre la naturaleza pública o privada de las fachadas. Valencia afirmó que «Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar. Y cuando algo es público tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la universidad Nacional». En respuesta, el presidente Petro sostuvo que «con todo el respeto que se merece señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual gobierno y no me arrepiento de hacerlo», y agregó: «Pero lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas».
El debate legal y político
El cruce de declaraciones se produce en pleno contexto electoral, con tensiones entre el oficialismo y la oposición. Juristas consultados por El Tiempo, como Hollman Ibáñez e Iván Cancino, han señalado que la ley exige autorización para intervenir tanto bienes públicos como privados. Ibáñez indicó que «sin permiso, entonces hablamos de una infracción al código de convivencia», mientras que Cancino afirmó que «se equivoca cuando dice que todos los murales son públicos». El artículo 140 del Código de Convivencia Ciudadana considera falta intervenir bienes sin previa autorización, con sanciones administrativas y obligación de reparar el daño. No obstante, la Corte Constitucional reconoce el grafiti como forma de expresión artística y libertad de expresión, condicionada a que no afecte patrimonio cultural ni bienes protegidos o ajenos sin autorización.
«A mí primero me tienen que matar antes de maltratar a mi familia»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente
La seguridad de los candidatos presidenciales se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público, especialmente tras este episodio que involucra al expresidente Uribe. Mientras el gobierno de Gustavo Petro defiende su gestión en materia de seguridad, la oposición denuncia una supuesta promoción de la violencia desde el oficialismo. El caso quedará en manos de las autoridades locales para determinar si hubo infracciones al código de convivencia, mientras el país observa con atención los efectos políticos de este hecho en la recta final de la campaña electoral.
