El presidente Gustavo Petro desató una fuerte polémica este lunes 27 de julio al publicar en su cuenta de X el documento oficial de la incapacidad médica de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, por razones psiquiátricas. El mandatario no solo divulgó información de salud reservada, sino que además solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente por considerarla “incompetente”, desencadenando un intenso debate sobre la protección de datos sensibles, la estigmatización de trastornos mentales y los límites del poder presidencial.
La funcionaria, que también fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), respondió de inmediato en una entrevista con Canal 1, rechazando categóricamente la exposición pública de su diagnóstico y vinculando el episodio con las denuncias que ha presentado contra Juliana Guerrero y otros funcionarios del Gobierno. Rodríguez aseguró que sufre de ansiedad y depresión derivadas de situaciones desencadenadas durante su gestión, y que la revelación de su historia clínica vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución y la Ley 1616 de salud mental, que prohíbe cualquier forma de discriminación por un diagnóstico médico.
“No es un motivo para la burla”: la defensa de Angie Rodríguez
Con un tono firme y visiblemente afectada, la directora del Fondo Adaptación se dirigió al presidente de la República: “Señor presidente, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”. En la entrevista, Rodríguez relató que ha enfrentado una situación de ansiedad y depresión, pero aclaró que ello no disminuye sus capacidades profesionales ni intelectuales. “La ansiedad es un miedo intenso que un ser humano enfrenta frente a una situación particular y la depresión es la profunda tristeza que acarrean ciertos hechos de la vida. Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual ni significa que tenga disminuidas mis capacidades gerenciales o profesionales. Al contrario”, afirmó.
“Si yo estuviera loca, ¿cómo hice una maestría que estoy terminando y tuve uno de los mejores promedios? Estoy haciendo un doctorado en Estudios Políticos y tengo una calificación de 4,6. Los hechos demuestran otra cosa. Lo que han intentado es desacreditar y dañar mi reputación”
Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación
Rodríguez insistió en que la publicación de su incapacidad constituye “una bajeza y un acto violento” por parte del presidente. “Usted no tiene ningún derecho de venir aquí a estigmatizarme públicamente y mucho menos a revelar información reservada que goza de protección legal. Es documentación sensible”, expresó. La funcionaria recordó que la Constitución protege la dignidad humana, los derechos fundamentales y la seguridad social, y que la Ley 1616 de salud mental es clara en prohibir la discriminación por un diagnóstico. Asimismo, reveló que presentó denuncias contra Juliana Guerrero y otros miembros del Gobierno, y que ese es el verdadero motivo del afán de Petro por apartarla. “Yo no tengo la culpa de haber levantado la mano para decir: primero cumplo la Constitución y la ley. No entiendo por qué usted está tan afanado conmigo por las denuncias que también he hecho contra la señora Juliana Guerrero y otras personas del mismo Gobierno, pero no me arrepiento de nada”, declaró.
Visiblemente dolida, Rodríguez manifestó que ya no confía en el presidente. “Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”, dijo. Pese a la controversia, la directora del Fondo Adaptación hizo un llamado a todas las personas que enfrentan afectaciones en su salud mental: “No debemos ocultarlo ni estigmatizarlo. Al contrario, debemos buscar ayuda, porque hay cosas que se nos salen de las manos”. Con una trayectoria académica destacada –cursa un doctorado en Estudios Políticos con calificación de 4,6 y finaliza una maestría con uno de los mejores promedios–, Rodríguez busca desmentir cualquier duda sobre su capacidad profesional y denunciar lo que considera un intento de desacreditación pública por parte del Gobierno.
