El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó este 3 de septiembre una directiva que establece nuevos lineamientos de comunicación institucional para todos los altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes y representantes legales de entidades de la rama ejecutiva nacional. La medida, que regirá durante los próximos cuatro años, busca ordenar la comunicación gubernamental y evitar contradicciones o duplicidades en la información que se divulga desde la Presidencia de la República, ministerios y demás entidades del orden nacional.
El documento oficial establece que los altos funcionarios podrán conceder entrevistas o participar en medios de comunicación, pero siempre que hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Esta disposición aplica para cualquier declaración o participación en medios, y se fundamenta en el artículo 7 de la Ley 2345 de 2023, que obliga a las entidades estatales a definir cuentas autorizadas para vocería institucional, las cuales deben permanecer bajo control institucional incluso después de la salida del funcionario.
Canales institucionales como vía principal
Según el texto de la directiva, «la información relacionada con decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales». Esto implica que las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán consideradas un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas o información correspondiente a la gestión gubernamental. Además, se prohíbe expresamente el uso de recursos públicos en perfiles personales que no hayan sido designados como voceros oficiales.
La directiva también ordena que las oficinas de comunicaciones mantengan contacto permanente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y refuercen los mecanismos de atención a periodistas. En situaciones de emergencia, catástrofes, crisis, alteraciones del orden público o anuncios de alto impacto, será la Presidencia la que defina la estrategia de divulgación oficial para evitar contradicciones y duplicidades. Asimismo, se exige que comunicados, documentos, declaraciones, cifras y materiales audiovisuales de interés público estén disponibles de manera oportuna en los canales oficiales.
«Los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces».
Texto del documento oficial de la Presidencia
La medida se conoció después de que medios como Caracol Radio divulgaran un acta de reuniones entre equipos de comunicación de ministerios y la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval, lo que generó controversia en el ámbito político y periodístico. Los principios rectores de esta nueva política son la transparencia, veracidad, oportunidad, claridad, accesibilidad y respeto por la libertad de prensa, según establece el documento oficial.
