El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del miércoles 19 de agosto la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia, un mecanismo constitucional que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo durante los próximos 30 días. La decisión responde a la magnitud de la calamidad pública desatada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que con una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103,4 kilómetros dejó una estela de destrucción en 15 departamentos del país.
El sismo, ocurrido a las 11:45 de la mañana de aquel lunes, ha sido calificado como el más devastador de las últimas décadas. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las víctimas fatales ascienden a 319 personas, los heridos suman 4.469 y los desaparecidos son 260. Hasta las 6:00 de la mañana del mismo miércoles 19 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano había registrado 393 réplicas, que mantienen en vilo a las comunidades asentadas en las zonas más afectadas.
Un régimen excepcional de treinta días
El decreto presidencial activa un régimen excepcional limitado en tiempo y territorio. La emergencia aplica de manera inmediata en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, y podrá extenderse a otros municipios que demuestren afectación. El documento deberá ser remitido al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos, como parte de los controles institucionales que exige la Carta Política.
Las cifras de la tragedia son escalofriantes. Un total de 30.803 viviendas fueron destruidas y 151.433 resultaron averiadas, en 471 municipios de los 15 departamentos incluidos en la declaratoria. Las familias damnificadas alcanzan 151.133, equivalentes a 272.830 personas que han perdido total o parcialmente su hogar. Además, 302 edificaciones colapsaron por completo, mientras que 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud sufrieron daños de diversa consideración. La infraestructura vial y de servicios también quedó severamente golpeada: 14 puentes peatonales, 70 puentes vehiculares, 450 vías, 110 acueductos, 5 aeropuertos y 18 bancos reportan afectaciones. En el ámbito aeroportuario, siete terminales —Cali, Pereira, Cartago, Armenia, Quibdó, Manizales y Buenaventura— resultaron impactadas, con restricciones que persisten en Pereira y Cartago.
Impacto económico y capacidad de respuesta
Las primeras estimaciones del Gobierno sitúan las pérdidas económicas en al menos 30 billones de pesos, equivalentes al 1,8 % del Producto Interno Bruto. El Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) calcula los daños entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Los departamentos afectados aportan el 11,5 % del abastecimiento total de alimentos del país, lo que añade una dimensión de seguridad alimentaria a la crisis. La generación de escombros se calcula entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas, un desafío logístico y ambiental mayúsculo. Frente a esta magnitud, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dispone en su subcuenta principal de 47.265.782.863 pesos para atención inmediata, mientras que el cupo de endeudamiento anual autorizado asciende a 17.273.146.933 dólares.
La emergencia se declara porque las herramientas ordinarias activadas en los días posteriores al sismo —declaración de desastre nacional, respuesta humanitaria, priorización del restablecimiento eléctrico, suspensión de términos judiciales y tributarios— resultaron insuficientes. Los límites jurídicos, de tiempo y de recursos impiden al Estado atender la magnitud de la calamidad con los mecanismos convencionales. Por ello, el Ejecutivo prevé la emisión de decretos legislativos que habiliten nuevas fuentes de recursos, reasignaciones presupuestarias, alivios tributarios, agilización del crédito, uso de regalías, ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos y la posibilidad de movilizar activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La estrechez fiscal no causó la emergencia, pero restringe severamente la capacidad de respuesta del Estado.
Desafíos ambientales y humanitarios
En el frente ambiental, las autoridades han identificado riesgos derivados de la acumulación de escombros, la presencia de residuos peligrosos, los daños en sistemas hídricos, la afectación de fauna silvestre y posibles impactos sobre áreas protegidas. La complejidad del relieve montañoso, la dispersión de la población rural, los deslizamientos activos y la pérdida de conectividad hacen prever que las cifras de afectación aumenten en los próximos días. Mientras tanto, 1.731 animales han resultado afectados por el sismo, de los cuales 549 han sido rescatados, según reportes de las autoridades ambientales. La demanda eléctrica no atendida llegó al 18 % del total nacional inmediatamente después del terremoto; para el 13 de agosto se había restablecido el 97 %, aunque persisten focos de inestabilidad en las zonas más golpeadas.
La declaratoria de emergencia por parte del presidente De la Espriella abre una ventana de 30 días para que el Gobierno adopte medidas de choque sin los trámites habituales. El Congreso, la Corte Constitucional y los organismos internacionales deberán ejercer sus respectivos controles, mientras el país asiste a una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente. La tarea inmediata es salvar vidas, albergar a los damnificados y comenzar la titánica reconstrucción de los territorios devastados por el sismo del 10 de agosto.
