El presidente Abelardo de la Espriella desató una tormenta política y jurídica al presentarse con uniforme militar de camuflaje táctico, boina y un arma durante la exposición de los resultados de una operación contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, realizada en Cúcuta, Norte de Santander, la madrugada del 10 de noviembre de 2026. Ante las críticas que llovieron de inmediato, el mandatario y líder del movimiento Defensores de la Patria se declaró “soldado de la patria” durante un acto posterior en Roldanillo, Valle del Cauca, donde justificó su vestimenta como una muestra de compromiso con las fuerzas armadas. Sin embargo, el mismo día o poco después, el sargento retirado Alexander Chala Sáenz radicó una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en Bogotá, alegando que el uso de uniformes e insignias militares está reservado exclusivamente al personal en servicio activo.
Denuncia por uso ilegal de uniforme militar
La controversia se fundamenta en el artículo 346 del Código Penal colombiano, que sanciona la utilización ilegal de uniformes e insignias de la fuerza pública. Chala Sáenz, quien acompañó su denuncia con los argumentos reglamentarios, señaló que “las prendas tácticas y de gala, así como sus insignias y distintivos de grado, son de uso exclusivo del personal militar y policial en servicio activo”, y agregó que un presidente no posee grado militar ni especialidad dentro de la línea de mando castrense, por lo que portar el uniforme camuflado o de gala formal resulta contrario a los reglamentos. La denuncia se produce en un contexto en el que De la Espriella ya había aparecido en eventos públicos con uniforme de piloto de la Fuerza Aérea, lo que aviva el debate sobre los límites simbólicos y legales del presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas.
“He radicado ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia formal contra el ciudadano presidente Abelardo de la Espriella por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública (artículo 346 del Código Penal)”.
Alexander Chala Sáenz, sargento retirado
La operación militar, autorizada por el propio presidente y presentada junto al ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, dejó un saldo de cuatro muertos y seis capturados, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno contra grupos armados. Durante la escenografía del acto en Cúcuta se exhibieron armamento y referencias a la operación, lo que intensificó las críticas sobre la politización de los símbolos castrenses. En su intervención en Roldanillo, De la Espriella también anunció una inversión de más de 12 mil 700 millones de pesos para la reconstrucción del Hospital Departamental San Antonio, un dato que intentó equilibrar la agenda de seguridad con la social, pero que no logró opacar la controversia por su indumentaria.
“Así que tengan la certeza de que este gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares, porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales”.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Mientras el mandatario insiste en su narrativa de liderazgo combativo, la denuncia de Chala Sáenz pone a prueba los límites legales de esa actuación y abre un frente judicial inédito contra un presidente en ejercicio. La Comisión de Acusación de la Cámara deberá determinar si la vestimenta del jefe de Estado constituye una infracción penal o si, como argumenta el Gobierno, se trata de un gesto simbólico amparado en su condición de comandante supremo. Lo cierto es que la imagen del presidente uniformado, escoltado por militares y armado, ya se ha convertido en un ícono divisivo que refleja las tensiones entre la guerra y la política en Colombia.
