El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, solicitó este viernes 8 de agosto al Gobierno de Abelardo de la Espriella establecer una relación institucional basada en el respeto, la separación de poderes y la autonomía judicial, luego de que el nuevo mandatario anunciara en su discurso de posesión una revisión “con absoluto rigor” de la naturaleza y efectos del tribunal de paz. En una entrevista con Caracol Radio, Ramelli respondió así a los señalamientos del jefe de Estado, quien un día antes, durante la ceremonia de transmisión del mando realizada en Cali, cuestionó el origen de la Jurisdicción al afirmar que nació sin reconocer la voluntad popular.
Ramelli, quien asumió la presidencia del tribunal en junio de 2023, defendió la autonomía e independencia de la JEP y pidió que se piense en las víctimas que han sido escuchadas por esa instancia judicial. “Yo confiaría en que sea una relación basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”, declaró el magistrado, quien además reveló que la JEP intentó establecer contacto con el equipo entrante antes de la posesión presidencial pero no se logró concretar un acercamiento formal.
Las declaraciones del nuevo mandatario
Durante la alocución con la que asumió el cargo, Abelardo de la Espriella dejó claro que su administración revisará “con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”. El presidente, quien durante su campaña calificó a la JEP como “un directorio político disfrazado de tribunal” y criticó sus resultados y costos, sostuvo que la reconciliación nacional debe basarse en la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y el esclarecimiento de los hechos.
“Revisará con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La JEP en el centro del debate
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, con el objetivo de juzgar, sancionar y establecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Desde su puesta en marcha, ha sido objeto de cuestionamientos por sectores que consideran que sus sanciones son demasiado benévolas y que sus costos operativos son elevados. Ramelli, por su parte, rechazó cualquier vínculo entre la seguridad del país y el acuerdo de paz. “Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el Acuerdo de Paz”, afirmó el presidente de la JEP, en un intento por desligar el debate sobre la jurisdicción de la crisis de orden público que enfrenta Colombia.
El pulso entre el Ejecutivo y la JEP marca el inicio del mandato de De la Espriella, quien deberá definir si la revisión anunciada se traduce en reformas legislativas, recortes presupuestales o incluso la modificación del marco constitucional que sustenta el tribunal. Mientras tanto, los magistrados de la JEP esperan que el diálogo con el nuevo Gobierno se encauce por los carriles institucionales, tal como lo pidió Ramelli, y que las víctimas sigan ocupando un lugar central en el proceso de construcción de paz.
