Presidente de la JEP rechaza sesgo: 1.100 militares y 1.000 exFarc beneficiados

Compartir en redes sociales

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth, salió al paso de las críticas que señalan un supuesto sesgo del tribunal contra los integrantes de la fuerza pública, calificando esas acusaciones como totalmente falsas. En una entrevista publicada por la revista Cambio, el magistrado defendió la imparcialidad del organismo creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y aportó cifras concretas para demostrar que los beneficios jurídicos se han otorgado de manera equilibrada tanto a exguerrilleros de las Farc como a militares.

Rojas Betancourth reveló que, hasta la fecha, la JEP ha dictado aproximadamente 1.000 amnistías a exintegrantes de la extinta guerrilla y cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal en favor de miembros de la fuerza pública. “Simultáneamente se han dictado 1.000 amnistías a guerrilleros y cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal a militares. Más ejemplo de imparcialidad que ese, difícilmente puede existir”, afirmó el presidente de la JEP, en un intento por desvirtuar la narrativa que apunta a una persecución selectiva contra los uniformados.

Presupuesto ajustado y plazos en la mira

Las declaraciones de Rojas se dan en medio de un tenso debate sobre el futuro de la jurisdicción, que enfrenta un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos. El presidente del tribunal detalló que, para mitigar el impacto, se han adoptado medidas como el cambio de sede, que generará un ahorro estimado de 26.000 millones anuales; la reducción de esquemas de protección, por cerca de 35.000 millones; y la disminución de contratación, que podría alcanzar los 83.000 millones. Actualmente, la JEP cuenta con una planta de aproximadamente 1.400 funcionarios, mientras que su defensa técnica apenas tiene 20 personas para atender a cerca de 18.000 usuarios. El magistrado también recordó que el plazo constitucional para investigaciones y acusaciones vence el 14 de marzo de 2028, y que hay un periodo adicional de cinco años, hasta 2033, para juicios y sanciones, aunque aseguró que no solicitará una prórroga y pidió “mantener condiciones institucionales y presupuestales para cerrar los procesos”.

«La idea de que la jurisdicción concentra sus esfuerzos en procesar a militares es totalmente falsa»

Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP

En el plano judicial, la JEP ya ha emitido dos sentencias de sanciones propias: una contra la antigua cúpula de las Farc por secuestros, y otra contra doce integrantes del Ejército por los llamados “falsos positivos”. Uno de los casos más avanzados es el del coronel retirado Publio Hernán Mejía, condenado en primera instancia a 20 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales, aunque su defensa apeló la decisión. Además, el proceso del general retirado Mario Montoya y otros mandos militares se encuentra en análisis en la Unidad de Investigación y Acusación. La Sala de Reconocimiento espera que los comparecientes que reconozcan responsabilidad continúen por la ruta restaurativa; quienes no lo hagan serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación. De los cerca de 9.000 militares con situación jurídica pendiente, al menos 29 son de alto rango y no han aceptado su responsabilidad. Rojas concluyó que la JEP planea completar las imputaciones de los 11 macrocasos antes de finalizar el año, reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia transicional.

Sigue leyendo