El presidente Abelardo de la Espriella designó a la abogada santandereana Martha Luz Reyes como nueva directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), un nombramiento que aún está pendiente de formalización mediante decreto. La información fue revelada por el periodista Melquisedec Torres y respaldada por Caracol Radio, después de que semanas atrás el nombre de Reyes circulara como posible candidata para ocupar el cargo. La designación fue comunicada directamente por el mandatario a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al vicepresidente, José Manuel Restrepo; y a otros organismos, mientras que Wilmar Mejía continúa al frente de la entidad de manera transitoria.
Martha Luz Reyes es abogada con experiencia en la Fiscalía General de la Nación y se desempeñó como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su formación incluye estudios en derecho público, ciencias penales y criminológicas, un perfil que el Gobierno busca aprovechar para fortalecer la capacidad de análisis de la Uiaf y la coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y otras autoridades judiciales. La entidad, que recopila, analiza y transforma información financiera en inteligencia para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, carece de funciones de judicialización directa, por lo que su labor se centra en alimentar las investigaciones de otros organismos.
Estrategia contra el crimen organizado
El nombramiento de Reyes se inscribe en la estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella para aumentar la presión sobre las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y los recursos asociados a la corrupción. La idea es que la Uiaf, bajo un nuevo liderazgo, pueda mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas y la inteligencia financiera que se entrega a las autoridades competentes. Hasta que el decreto de formalización sea expedido, Wilmar Mejía seguirá al frente de la unidad, mientras se espera que en los próximos días se oficialice la llegada de Reyes, quien deberá asumir el reto de modernizar los mecanismos de detección de flujos ilícitos en un contexto donde el crimen organizado diversifica cada vez más sus métodos de blanqueo de capitales.
