Presidente ordena capturar a responsables de asesinato en Cúcuta

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La noche del lunes 26 de octubre de 2026, un ataque armado en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, en el sector del pórtico frente a una estación de servicio de Norte de Santander, cobró la vida de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad y hermano del excongresista Jairo Castellanos. La víctima, que se había detenido a cargar combustible, fue abordada por un motociclista que golpeó el vehículo blindado en el que se transportaba junto a su hijo menor de edad. Al descender para hablar con el agresor, el hombre le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar de los hechos.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, reaccionó con contundencia ante el crimen y condenó el asesinato, ordenando a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional desplegar todas las capacidades operativas e investigativas para capturar a los responsables. «¡El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune!», expresó el mandatario en su cuenta oficial, al tiempo que extendió su solidaridad y más sentidas condolencias a la familia. «Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor», agregó, y advirtió directamente a los criminales: «¡Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia».

Reacción del Gobierno Nacional y autoridades locales

El Ministerio de Defensa también se pronunció a través de su titular, Jorge Mora, quien calificó el hecho como un acto que exige una respuesta inmediata. «Condeno con absoluta contundencia el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. La @PoliciaColombia, en coordinación con la Fiscalía, deberá actuar con toda la capacidad investigativa para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este crimen. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia. No habrá tregua frente a quienes atentan contra la vida de los colombianos», señaló Mora, quien además confirmó que se activó un plan candado en la región para dar con el paradero de los homicidas.

En el plano regional, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander, George Quintero, reveló que Castellanos contaba con un esquema de seguridad, aunque «desafortunadamente en ese momento no lo tenía». Quintero también indicó que las autoridades analizan los antecedentes de amenazas que han rodeado a la familia Castellanos, mencionando especialmente el atentado sufrido por su hermano, el excongresista Jairo Castellanos, meses atrás en Arauca, donde fallecieron sus escoltas. «Analizan los antecedentes que hemos tenido, obviamente con la familia Castellanos, su hermano, que también hace unos meses tuvo un atentado en Arauca donde fallecieron unos escoltas de él», explicó el funcionario, quien aseguró que el móvil del crimen sigue bajo investigación.

«Castellanos contaba con esquema de seguridad, pero desafortunadamente en ese momento no lo tenía.»

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Norte de Santander

Para dar con los responsables de este homicidio, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta cien millones de pesos por información que conduzca a la captura de los implicados. Las autoridades habilitaron la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva para quienes decidan aportar datos que permitan esclarecer los hechos. El hijo menor de edad de la víctima, que presenció el ataque, ya se encuentra bajo acompañamiento de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La Gobernación de Norte de Santander reprochó los hechos y solicitó a las autoridades garantizar justicia en un territorio donde la presencia de grupos armados es una constante. El crimen de Miguel Castellanos se suma a una serie de episodios de violencia que han golpeado a líderes y exfuncionarios en la región, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad en la capital de Norte de Santander y sus alrededores.

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