La Contraloría General de la República encendió las alarmas ambientales al presentar su informe “Estado de los recursos naturales y del ambiente 2025-2026”, en el que revela una reducción del 32 por ciento en el presupuesto del sector ambiente y desarrollo sostenible, que pasó de 1,44 billones de pesos a 976.371 millones. El organismo de control también identificó graves fallas en la ejecución de los recursos destinados a la protección del entorno y en la implementación de los planes departamentales de cambio climático, especialmente en regiones de la Amazonía y la Orinoquía como Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada.
El informe detalla que la ejecución presupuestal de los fondos ambientales durante 2025 ha sido deficiente. Mientras el Fondo Adaptación apenas alcanzó un 0,82 por ciento de ejecución, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad llegó al 52 por ciento y el Fondo de Compensación Ambiental al 58 por ciento. Aunque 30 de los 32 departamentos del país cuentan con planes integrales de gestión del cambio climático y 20 los han adoptado formalmente, solo 13 reportan avances verificables en su implementación. Esta brecha entre la formulación de políticas y los resultados concretos genera incertidumbre sobre la efectividad de las acciones climáticas.
La Contraloría cuestionó además que, según las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se reporten avances físicos superiores al 100 por ciento mientras los niveles de gasto se mantienen bajos, lo que pone en duda la veracidad de los progresos anunciados. En un contexto de crisis climática global y compromisos nacionales de mitigación y adaptación, la existencia de instrumentos de política no es suficiente si no va acompañada de capacidad institucional para ejecutar, hacer seguimiento y verificar resultados.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la desigual distribución territorial de la inversión ambiental. La Contraloría advirtió que departamentos con alta vulnerabilidad climática como Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada reciben menos recursos, en contravía de la necesidad de orientar las inversiones hacia las zonas más expuestas a los efectos del cambio climático.
Frente a este panorama, el organismo de control instó a fortalecer los mecanismos de seguimiento, mejorar la ejecución financiera de los fondos ambientales y priorizar las inversiones en aquellos territorios que más lo requieren, con el fin de cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado y enfrentar de manera efectiva los desafíos climáticos del país.
