La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, emitió la Circular No. 001 de 2026 para advertir sanciones disciplinarias a todas las entidades estatales del país que no adopten medidas de preparación frente al fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre de 2026 y los comienzos de 2027. Esta exigencia se dirige a ministerios, gobernaciones, alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y empresas de servicios públicos, con un plazo perentorio para entregar informes hasta el 30 de junio de 2026. La medida complementa la Circular 028 del 16 de abril de 2026 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dirigida por Carlos Carrillo Arenas, que insta a activar planes de contingencia y actualizar protocolos bajo amenaza de investigaciones disciplinarias por incumplimiento.
El documento de la Procuraduría detalla 19 obligaciones concretas que deben cumplirse mediante sistemas como Siac, Renare y el Sistema Nacional de Información Forestal, motivadas por la inminencia del fenómeno según proyecciones del Ideam, que estima una probabilidad del 61% entre mayo y julio de 2026, superando el 90% entre septiembre y diciembre. Entre las acciones clave se encuentran la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, la implementación de protocolos para incendios forestales, la instalación de sistemas de medición en tiempo real en ríos por parte de las CAR, y la actualización de Planes de Emergencia y Contingencia en empresas de acueducto y energía. Además, se prioriza el suministro de agua potable sobre usos agrícolas o industriales, en línea con los ejes de la Ungrd: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Obligaciones y impactos del fenómeno
Las entidades deben activar los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y Territoriales (Pigccs y Pigcct), articulándolos con el Sistema Nacional Ambiental (Sina), para mitigar los efectos en sectores críticos como la agricultura, la generación hidroeléctrica y la salud pública, donde se prevén brotes de dengue, zika y chikungunya. El incumplimiento de estas directrices desencadenará investigaciones disciplinarias inmediatas, subrayando la urgencia ante las alertas internacionales y el monitoreo del Ideam.
Esta advertencia representa un llamado nacional a la acción preventiva, especialmente en regiones vulnerables como Caldas, donde fenómenos similares han impactado históricamente la economía y la población, instando a las autoridades locales a liderar la preparación para evitar crisis mayores en el suministro de agua y la estabilidad energética.
