La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, destituyó al patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta e impuso una suspensión de ocho meses al subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana, comandante de la sección 1 del Esmad, por su responsabilidad en la muerte de un manifestante durante las protestas sociales de mayo de 2021 en Colombia. Esta decisión en primera instancia responde al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados contra una multitud, violando principios fundamentales de derechos humanos como la integridad personal, la legalidad y la proporcionalidad.
El patrullero Salas Acosta disparó un fusil lanza gases directamente contra la multitud, acción calificada como gravísima a título de dolo, lo que derivó en su destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos. Por su parte, el subteniente Bombita Uriana ordenó el uso de la fuerza, incurriendo en una falta grave también a título de dolo, que le valió una suspensión e inhabilidad especial por ocho meses. Estas sanciones diferenciadas reflejan la jerarquía y roles operativos de cada uno en el incidente ocurrido en el marco del violento estallido social de 2021.
Contexto del estallido social y acciones de la Procuraduría
El estallido social de 2021 dejó un saldo de múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y esta medida busca limitar el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones futuras. En un caso relacionado, la Procuraduría de Bogotá identificó al patrullero Álvaro José Guerra Ríos como responsable de un disparo que causó la pérdida de un ojo a la manifestante Sara Valentina Cárdenas, evidenciando un patrón de investigaciones rigurosas contra abusos policiales durante aquellas jornadas de protesta.
La decisión subraya el compromiso de las autoridades disciplinarias con la accountability en el control de orden público, recordando que las protestas deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y abre la puerta a posibles apelaciones o instancias superiores para los sancionados.
