La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, a cargo de Carlos Augusto Wilches Vega, abrió una indagación previa para investigar posibles irregularidades en un contrato por $30.275.999.986 firmado por el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), administrado por Fiduagraria S.A., con la empresa Laborando S.A.S. La contratación, que buscaba vincular hasta 1.270 personas al programa Jóvenes en Paz, fue suscrita el 1 de julio de 2026, con un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del mismo año, en medio del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. La actuación de la Procuraduría, anunciada mediante un auto de seis páginas, se inició de oficio luego de que los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, realizaran denuncias públicas sobre la celebración de este y otros contratos millonarios.
El contrato, cuyo valor total asciende a $30.275.999.986, incluye un anticipo del 30% equivalente a $9.082.799.996, y su objetivo es “la vinculación de hasta 1.270 personas para apoyar la gestión operativa del programa Jóvenes en Paz”. La indagación se adelanta en averiguación de responsables, por determinar, de funcionarios del Ministerio de Igualdad y de Fiduagraria S.A., luego de que el ente de control considerara la relevancia de los hechos denunciados.
“Al parecer, dicha contratación dejaría comprometidos recursos públicos durante los próximos meses a pesar de que actualmente esa cartera ministerial atraviesa un proceso de liquidación”, señaló Carlos Augusto Wilches Vega, procurador Tercero Delegado para la Contratación Estatal, en el auto que ordenó la indagación.
Carlos Augusto Wilches Vega, Procurador Tercero Delegado para la Contratación Estatal
La situación se enmarca en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, ordenado tras la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la norma que le dio origen. El Decreto 626 de 2026 establece que, una vez ordenada la liquidación, solo pueden celebrarse contratos estrictamente necesarios para adelantar ese proceso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de los acuerdos firmados por Fonigualdad. Los congresistas Triana y Briceño denunciaron que la cartera, en liquidación, suscribió contratos por más de $82.090 millones en seis acuerdos y otros dos por más de $31.271 millones, entre los que se encuentra el de Laborando S.A.S.
“Hace unos días lo denunciamos y hoy la Procuraduría abre indagación. Mientras el Ministerio de la Igualdad estaba en liquidación, Fonigualdad suscribió un contrato superior a $30.000 millones para vincular a más de 1.200 personas”, afirmó Julio César Triana, representante a la Cámara, en redes sociales tras conocerse la apertura de la investigación.
Julio César Triana, Representante a la Cámara
Según información conocida por Caracol Radio, desde Fonigualdad se habría argumentado que la contratación correspondía a un proceso regular para garantizar la continuidad del programa Jóvenes en Paz y el cierre administrativo, con recursos ya comprometidos y ante la ausencia del Viceministerio de Juventudes. Sin embargo, la Procuraduría ordenó a Fiduagraria remitir los antecedentes del proceso, un informe ejecutivo del estado del contrato, las hojas de vida de los directivos involucrados, los pagos realizados y una copia de la Sentencia C-161 de 2024, como parte de las diligencias para esclarecer si hubo irregularidades en la celebración del acuerdo. La indagación previa busca determinar si los funcionarios actuaron dentro del marco legal o si, por el contrario, comprometieron recursos públicos de manera indebida durante la liquidación del Ministerio.
