La Procuraduría General de la Nación ordenó a la Justicia Penal Militar y a la Fiscalía adelantar una investigación exhaustiva para determinar si hubo conocimiento previo o colaboración directa de integrantes del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay en el atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. La decisión del Ministerio Público se fundamenta en las declaraciones juramentadas de tres condenados por el ataque: alias Tianz, el menor de edad que disparó contra el dirigente político; alias Chipi, quien fungió como contacto del menor; y alias La Firma, señalado como cabecilla de la organización criminal que contactó al sicario. Según el informe del ente de control, las versiones de estos procesados apuntan a una posible infiltración en el equipo de protección del precandidato presidencial del Centro Democrático.
Las revelaciones más alarmantes giran en torno a la comunicación entre alias Chipi y una persona registrada en sus contactos como “escolta del senador”. En su declaración, alias Tianz relató que durante una reunión en un taller de motos en la localidad de Engativá, en mayo de 2025, Chipi recibió una llamada de WhatsApp de ese contacto, a quien respondió de manera críptica: “Hay manifestaciones”, y colgó sin más explicaciones. El menor agregó que Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero admitía que la información sobre los movimientos del senador la obtenía gracias a alguien de su entorno. Incluso, el día del atentado, alias La Firma habría asegurado que “ya todo estaba comprado”, en clara referencia a los escoltas, mientras que el mismo cabecilla indicó a alias Tianz la ubicación precisa de los uniformados en el perímetro del parque.
La Procuraduría también puso el foco en las fallas operativas del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). El escolta Ricardo Céspedes se apartó del senador momentos antes del ataque para dejar una chaqueta, quedando la protección exclusivamente a cargo del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco. El organismo calificó esta actuación como un “descuido” y una “debilidad táctica incompatible con el nivel de riesgo” que enfrenta Uribe Turbay, quien se encontraba en un evento al aire libre con múltiples vías de acceso, lo que facilitó la acción del sicario.
Las declaraciones que alertaron sobre posibles complicidades
El testimonio de alias Tianz resultó clave para encender las alarmas en la Procuraduría. Durante su versión, el menor afirmó que vio a alias Chipi realizar una llamada al contacto guardado como “escolta, senador”, y que esa misma persona habría recibido transferencias de dinero desde cuentas vinculadas a alias La Firma. Además, el menor detalló cómo La Firma le informó minuciosamente la ubicación de los policías que debía evitar al momento de disparar: “Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del OXXO, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”.
“Chipi realizó una llamada a una persona que tenía guardada en sus contactos como ‘escolta el senador’ (…) Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero sí decía que la información del senador sí la estaba sabiendo por alguien de ellos”.
Informe del Ministerio Público basado en la declaración de alias Tianz
La investigación ahora se centra en establecer si el contacto denominado “escolta, senador” corresponde efectivamente a un miembro activo del esquema de seguridad de Uribe Turbay y si existió un pacto criminal o una negligencia deliberada. El atentado, que le costó la vida al senador, ocurrió cuando el dirigente pronunciaba un discurso en el parque El Golfito. La Procuraduría advirtió que, más allá de las fallas operativas, la posible colaboración de agentes de la Policía Nacional y personal de la UNP con los perpetradores convertiría este caso en un grave hecho de corrupción institucional. La solicitud de investigación busca que tanto la Justicia Penal Militar como la Fiscalía determinen responsabilidades penales y disciplinarias, mientras el país espera respuestas sobre cómo fue posible que un político de alto perfil quedara desprotegido ante sus atacantes.
