La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, puso en marcha una vigilancia preventiva sobre la gestión del riesgo de desastres en el proyecto Hidroituango y los municipios de su área de influencia, ante la presión que el fenómeno de El Niño podría ejercer sobre la región. La acción incluyó una mesa de trabajo y un recorrido técnico realizados los pasados 15 y 17 de julio, en los que participaron representantes de Hidroituango, EPM, y los consejos departamentales de gestión del riesgo de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, con el objetivo de verificar planes, protocolos y mecanismos de coordinación territorial frente a emergencias.
Esta intervención del Ministerio Público se enmarca en la Resolución 0018 de 2020 y en una serie de mesas técnicas que se vienen impulsando desde 2022 con EPM, la Dirección de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia y las alcaldías del área de influencia. La vigilancia se activó luego de que el Ideam estableciera una probabilidad del 82 % de consolidación del fenómeno de El Niño y tras la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 150 de 2026, a raíz de inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.
Avances y retos en la gestión del riesgo
El proyecto Hidroituango, que ya cuenta con una capacidad instalada de 1.200 megavatios en operación comercial gracias a sus unidades 1 a 4, avanza hacia la finalización de las unidades 5 a 8, con un progreso físico del 95,70 % a 31 de mayo. La obra se prepara para alcanzar la cota máxima del embalse de 420 metros sobre el nivel del mar entre octubre y noviembre de 2026. No obstante, la Procuraduría advirtió que, aunque el 82 % de los municipios tiene actualizados sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y sus Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), persisten rezagos asociados principalmente a la falta de recursos.
«Aunque el 82 % de los municipios cuenta con PMGRD y EMRE actualizados, persisten rezagos asociados principalmente a falta de recursos»
Procuraduría General de la Nación
La vigilancia, que suma más de siete visitas previas del Ministerio Público y más de 33 requerimientos formulados, también evidenció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) requirió a Hidroituango complementar su Plan de Contingencias y actualizar la regla de operación del embalse. Como parte de los acuerdos alcanzados, se programará una mesa de alto nivel con la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía para abordar las restricciones al aumento de cota establecidas en la Resolución 2306 de 2019. Además, la Procuraduría promoverá mesas exploratorias para fortalecer la capacidad operativa de los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, y elaborará un informe con los temas críticos que deberá considerar el nuevo Gobierno Nacional.
EPM, por su parte, se comprometió a planear un simulacro con los municipios de los cuatro departamentos para verificar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana, mientras que la Procuraduría hará seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia. La vigilancia preventiva se mantendrá activa durante los próximos meses, con el fin de garantizar que la operación de Hidroituango y la preparación territorial estén a la altura de los riesgos que impone el cambio climático.
