A la misma es vinculado el exgerente de la empresa Aguas de Manizales. Entre otros temas, el ente de control advirtió que durante la ejecución se presentaron retrasos considerables y no se habrían adelantado procesos sancionatorios al contratista.
…
Una investigación disciplinaria fue la que abrió la Procuraduría General de la Nación en contra del exgerente general de Aguas de Manizales, Ómar Eliud Nova Henao, y el entonces representante legal del Consorcio Inter-PTAR Manizales, Ricardo Alberto Martínez García, precisamente, por temas relacionados con la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Según se desprende del comunicado de la Procuraduría, se investigan posibles irregularidades en la celebración y ejecución del contrato para la construcción de la PTAR, “relacionados con la inversión del anticipo desembolsado al contratista, cercano a los $ 40 mil millones que, al parecer, no se ve materializado en actividades realizadas ni fue debidamente amortizado, lo que habría generado un detrimento patrimonial”.
Como se recordará, a finales de diciembre de 2023, anticipadamente Aguas de Manizales dio por terminado el contrato con Fypasa, argumentando un presunto incumplimiento de la firma contratista mexicana, con un avance muy bajo, pues no se construyó nada de la infraestructura y solo se hizo movimiento de tierras y perfilación de taludes.
Frente a ello, el ente de control explicó que “se suma la tardía acción de la entidad contratante en relación con reclamaciones a la aseguradora por la falta de amortización del anticipo, lo cual habría puesto en riesgo los recursos públicos invertidos en las obras”.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que el dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría “también permitió establecer que, durante la ejecución del bilateral, que superaba los $ 133 mil millones, se presentaron retrasos considerables y, pese a ello, no se activaron procesos sancionatorios al contratista porque tales medidas no quedaron contempladas en el contrato”.
Por último, “el ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de establecer, entre otros aspectos, el estado actual de la reclamación por la falta de amortización del anticipo, adelantada ante la aseguradora, y las razones por las cuales no se pactó la realización de procesos sancionatorios de incumplimiento e imposición de multas en el cuestionado contrato”.
Fuente: Procuraduría General de la Nación.
