Gremios y expertos financieros han encendido el debate sobre la tasa de usura en Colombia, proponiendo modificaciones en su cálculo que permitan ampliar el acceso al crédito formal sin eliminar por completo el tope, como una estrategia clave para combatir el crédito informal o «gota a gota». La discusión, que fue puesta sobre la mesa durante el 16.º Congreso Internacional de Asomicrofinanzas el pasado 22 de octubre de 2026 y en declaraciones posteriores de figuras como el fundador de Nubank, David Vélez, el 20 de septiembre, busca encontrar un equilibrio entre la protección al consumidor y la inclusión financiera de millones de colombianos que hoy están excluidos del sistema.
Actualmente, la tasa de usura para créditos de consumo y ordinario se sitúa en 28,59% efectivo anual, un nivel que, según los críticos, resulta insuficiente para cubrir el riesgo de impago de clientes sin historial crediticio. Esta rigidez, advierten, empuja a personas y microempresas hacia el crédito informal, cuyas tasas anuales promedian un 382% para personas y un alarmante 666% para mipymes, y que con frecuencia se asocia con amenazas y violencia. Mientras más del 65% de los adultos colombianos no tiene acceso a un crédito formal, y solo entre el 30% y el 35% logra obtenerlo, un cambio en la metodología de cálculo podría liberar cerca de 10 billones de pesos en crédito formal, según estimaciones de Colombia Fintech.
Propuestas sobre la mesa
La presidenta del Consejo Directivo de Asomicrofinanzas, Viviana Araque, explicó que el gremio no aboga por mantener el tope ni por eliminarlo de tajo, sino por “corregir y focalizar” el esquema. En sus declaraciones a Valora Analitik, detalló que ya existen mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera, en las que cada actor aporta análisis técnicos para encontrar la mejor ruta para Colombia. La propuesta de Asomicrofinanzas plantea ajustes que impulsen la competencia, contemplen modelos de atención presencial, digital e híbrida, y no incorporen al cálculo circunstancias particulares de un actor del mercado. Araque subrayó que “combatir el gota a gota pasa por el debate de la tasa de usura, necesario, pero va más allá”, y que la competencia debe ir acompañada de protección al consumidor frente a prácticas abusivas de cobranza. Además, el gremio apuesta por combinar préstamos, garantías, educación financiera, conectividad y procesos graduales de formalización para micronegocios.
«Es un debate que está ahora mismo encendido. Tenemos unas mesas de trabajo ya con el regulador en donde cada uno también está aportando sus análisis objetivos, sus modelos técnicos que permitan también encontrar la mejor ruta para Colombia».
Viviana Araque, presidenta del Consejo Directivo de Asomicrofinanzas
Por su parte, David Vélez, fundador de Nubank, fue contundente en su crítica al tope actual al afirmar que “el resultado para esa persona no es crédito más barato: es quedarse sin crédito”. En su intervención en la red social X, el empresario propuso aumentar la competencia, exigir transparencia sobre los costos y mantener la protección al consumidor, apoyándose en herramientas como el sistema Bre-B, historiales de pagos digitales y finanzas abiertas. No obstante, advirtió que “quitar el tope, por sí solo, no basta”. El economista Jorge Llano también se sumó al debate, calificando el límite de intereses como “de lejos una de las políticas más regresivas que hay”. Para Llano, la eliminación de la tasa de usura debe ir acompañada de esquemas que permitan tener más y mejor información de los clientes, pero señaló que contar con más datos no es suficiente si ese conocimiento no reduce el costo para quien construye historial de cumplimiento; en ese sentido, sugirió que la compra de cartera puede ayudar. “Más información, mejor uso de la misma y más competencia”, resumió el economista, quien, junto con Colombia Fintech, propone segmentar el cálculo de la tasa entre personas y empresas o según perfil de riesgo, y revisar la metodología de la tasa de interés bancario corriente.
Mientras las mesas técnicas con el regulador continúan su trabajo, el debate evidencia que la solución no es sencilla ni unívoca. Con 17,8 millones de tarjetas de crédito en el país, de las cuales 15,7 millones están activas, el reto es cómo ajustar un instrumento que busca proteger al deudor sin convertirse en una barrera que lo empuje a la ilegalidad. La propuesta de los gremios y expertos apunta a una reforma focalizada, que permita que más colombianos accedan a crédito formal sin que el tope desaparezca por completo, sino que se adapte a la realidad de un mercado que requiere más competencia, transparencia e información.
