La organización Avanza Colombia, liderada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, presentó una ambiciosa propuesta de política habitacional denominada “Vivienda Sin Cuota Inicial”, con la que busca que 330.000 familias de bajos ingresos puedan comprar vivienda propia sin necesidad de ahorrar un pie durante el cuatrienio 2027-2030. La iniciativa será puesta a consideración del Gobierno entrante y del ministro designado del sector, como una alternativa para cerrar la brecha de acceso a la vivienda en el país.
Colombia enfrenta una crisis de propiedad: el 41% de los hogares vive en arriendo y la tasa de propiedad es de apenas 38,1%, una de las más bajas entre los países de la OCDE. Siete de cada diez hogares sin vivienda propia tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos, lo que les impide reunir la cuota inicial, una barrera que, según los promotores, puede demorar entre diez y quince años de ahorro para alcanzar los cerca de 50 millones de pesos requeridos.
Los cuatro pilares de la propuesta
El programa contempla cuatro componentes principales. El primero es un subsidio directo a la cuota inicial de 50 millones de pesos por familia, equivalente al 31,7% del valor de una Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El segundo es una garantía estatal a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), que respaldará el 70% del saldo del crédito durante diez años. El tercer componente es un subsidio mensual a la tasa de interés de 355.793 pesos, que reduce la cuota del crédito a aproximadamente 700.000 pesos mensuales, un valor similar al de un arriendo promedio. El cuarto pilar es el desarrollo urbano: las viviendas estarán acompañadas de infraestructura comunitaria como colegios, centros de salud y espacios públicos.
Los beneficiarios serán hogares con ingresos de entre cero y dos salarios mínimos. La cobertura combinada con programas existentes, como “Mi Casa Ya”, podría alcanzar hasta 730.000 familias en cuatro años. “Mi Casa Ya” se enfoca en hogares con mayores ingresos, mientras que esta propuesta apunta a cerrar la brecha para los más vulnerables. Se estima que la construcción generará 2,6 millones de empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad económica con un efecto de 27,2 billones de pesos, con un costo fiscal neto de apenas el 0,07% del PIB.
Financiación y evaluación alternativa
Las fuentes de financiación incluyen al Gobierno Nacional, el Fondo de Vivienda de las Cajas de Compensación Familiar (FOVIS), el Sistema General de Regalías y el sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos, con la participación de los ministerios de Educación y Salud. Los municipios deberán aportar el 20% como contrapartida. La iniciativa también introduce una evaluación financiera alternativa mediante herramientas de Open Finance: se considerará el historial de pago de arriendos, servicios públicos y transacciones en plataformas digitales para trabajadores informales o personas con reportes crediticios de bajo monto, ampliando así el acceso al crédito hipotecario.
La propuesta fue divulgada por los medios El Tiempo y Semana con base en datos de Avanza Colombia. Será presentada formalmente al nuevo Gobierno para su evaluación técnica como opción de política pública en el próximo cuatrienio, con la meta de transformar la baja tasa de propiedad y reducir el déficit habitacional que afecta a millones de colombianos.
