Un grupo de 23 congresistas, liderados por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como «Elefante Blanco», radicó un proyecto de ley que busca establecer una distancia mínima de 150 kilómetros entre peajes en Colombia, una iniciativa que responde a la ausencia de una medición estandarizada y regulada por ley en el país. La propuesta, que también contempla la creación de tarifas diferenciales y un inventario nacional de estaciones de peaje, surgió tras identificar casos extremos, como el denunciado por el propio senador en Antioquia, donde dos peajes se encuentran separados por apenas 1,5 kilómetros.
El senador Rúa explicó que la motivación principal del proyecto es aliviar la carga económica que enfrentan los ciudadanos que deben movilizarse constantemente por motivos laborales o de salud. «Hay personas que por temas de trabajo, de salud, se están movilizando constantemente todos los días y tienen que pagar peaje. Eso no tiene sentido», afirmó el congresista al justificar la necesidad de una regulación que impida la proliferación de estaciones de cobro excesivamente cercanas.
Tarifas diferenciales y recursos para vías
La iniciativa propone no solo un límite de distancia, sino también la implementación de tarifas diferenciales que beneficien a quienes usan las vías con frecuencia por razones de movilidad laboral o de salud. Además, el proyecto busca una reforma en la administración de los recursos que actualmente revierten al Instituto Nacional de Vías (Invías). Según Rúa, «cuando pasan a Invías, los presupuestos se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías», por lo que la ley plantea la creación de un fondo independiente para garantizar que esos dineros se destinen exclusivamente al mantenimiento vial.
Demanda paralela contra Flypass
Paralelamente a esta iniciativa legislativa, avanza una demanda colectiva contra la empresa F2X S.A.S., operadora del sistema Flypass, por un cobro adicional de 220 pesos por paso más IVA en sus planes Standard y Colpass. La acción de grupo, presentada por 20 usuarios ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, Antioquia, está respaldada por los apoderados Hernán Panesso y Manuel García. Según la organización F2X, que representa a los afectados, 312 usuarios se vieron perjudicados, con un monto total cobrado de más de 675.000 pesos.
«Cuando pasan a Invías, los presupuestos se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías»
Luis Carlos Rúa, senador
La base legal de la demanda se sustenta en la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte, que prohíbe cobros superiores a la tarifa oficial. Por su parte, F2X, representada por su presidente Juan Manuel Vicente, ha atribuido los cobros adicionales a un error tecnológico ocurrido durante cambios de plan, asegurando que el problema ya fue corregido. El proceso judicial continúa su curso, y una eventual decisión favorable a los demandantes podría definir un precedente para la reparación de otros usuarios afectados en todo el país.
