El Congreso de la República inició esta semana el debate de un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada en Colombia y sancionar su comercialización, al considerar que esta práctica constituye una forma de explotación reproductiva y comercialización de seres humanos. La iniciativa, presentada por el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, ha logrado un inusual respaldo multipartidista que incluye a sectores de liberales, del Pacto Histórico y agrupaciones feministas, quienes coinciden en señalar la urgencia de regular un vacío legal que, según los promotores, ha convertido al país en un destino predilecto para esta práctica.
El proyecto de ley, radicado durante la actual legislatura en abril de 2025, propone penas de hasta 15 años de prisión para quienes comercialicen con la gestación, apuntando directamente a los intermediarios y contratantes que, según datos presentados por López, llegan a pagar más de 200.000 dólares, equivalentes a unos 600 millones de pesos colombianos. En contraste, las madres gestantes reciben entre 20 y 30 millones de pesos, una diferencia que los autores del proyecto califican como abismal y que evidencia, a su juicio, una relación de explotación basada en la desigualdad económica. «Un bebé se vuelve un producto y una mujer se alquila, se comercia para un objetivo de tener un bebé», afirmó López en el recinto, al exponer los fundamentos de la iniciativa.
Impugnaciones de paternidad y contratos en inglés
Uno de los datos más impactantes presentados durante la sustentación fue el registro de 8.000 impugnaciones de paternidad durante el año pasado, cifra que los promotores asocian directamente con casos de maternidad subrogada. «Estamos hablando de que pudiera llegar a ser 8.000 bebés el año pasado», sostuvo el representante, quien agregó que más del 80% de los casos corresponderían a ciudadanos extranjeros, lo que llevó a López a afirmar que «quizás somos el país número uno en estos momentos en el mundo» en esta práctica. Los contratos, según denunció, con frecuencia están redactados en inglés, lo que dificulta la comprensión de las gestantes sobre las cláusulas que firman, las cuales pueden restringir su alimentación, condicionar procedimientos hospitalarios e incluso intervenir en decisiones sobre aborto.
«La mujer queda sometida completamente a ese contrato y no puede hacer nada durante 9 meses con su cuerpo»
Luis Miguel López, Representante a la Cámara por el Partido Conservador
El proyecto se inspira en las posturas de países como España, Alemania, Italia y Finlandia, donde la maternidad subrogada está prohibida. Durante el debate, López citó un litigio en Estados Unidos donde una mujer gestante enfrenta una demanda por haberse negado a abortar un feto con malformación, así como el testimonio de Olivia Maurel, nacida mediante esta práctica y actual vocera de la Declaración de Casablanca, quien señala problemas de identidad y salud mental en personas nacidas a través de vientres de alquiler. «El mundo ha tenido una experiencia en lo que significa la comercialización de los seres humanos», advirtió el congresista, mientras que una senadora no identificada le respondió durante el debate: «En esto tiene que haber algo muy malo, porque estamos de acuerdo, usted y yo, Luis Miguel».
