Un nuevo informe del centro de investigación Insight Crime advierte que quien asuma la Presidencia de Colombia a partir de 2026 enfrentará un panorama de seguridad inédito por su complejidad: organizaciones criminales más fragmentadas que nunca, pero con una expansión territorial, capacidad militar y participación en economías ilícitas como no se había visto en décadas. El análisis, titulado «Los desafíos criminales que heredará el próximo presidente de Colombia», llega en plena campaña electoral y traza un mapa sombrío de un país donde la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro coincidió con una nueva fase de fragmentación y fortalecimiento de los grupos armados ilegales.
De acuerdo con las cifras citadas por el informe, entre 2018 y 2025 el número de combatientes en grupos armados creció más de un 110 %, pasando de cerca de 13.000 a más de 27.000 integrantes, según datos de la Fundación Conflict Responses. Gerson Arias, investigador asociado a la Fundación Ideas para la Paz, advierte que el próximo gobierno recibirá casi 30.000 integrantes de estos grupos, una cifra que por sí sola revela la magnitud del desafío. «Estamos hablando de un gobierno que va a recibir casi 30.000 integrantes de grupos armados. Ya sea desde la izquierda o la derecha, tiene que haber un peso significativo en recomponer la estrategia de seguridad y eso significa hablar con Estados Unidos», señaló Arias en el informe.
Fragmentación y adaptación: la nueva amenaza
El informe destaca que la fragmentación ha sido especialmente notoria entre las disidencias de las Farc, que inicialmente intentaron presentarse unificadas para negociar con el Gobierno, pero luego se dividieron en múltiples facciones. Sin embargo, lejos de debilitarse, estos grupos han incrementado sus capacidades militares y su control territorial. Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group, explicó en el informe que «son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas. Son más flexibles, más difíciles de combatir». La analista agregó que «tiene que haber un análisis estratégico de priorización, dependiendo de las capacidades o de la amenaza que representen los grupos, y focalizar esfuerzos en estos espacios de confrontación donde las comunidades quedan en el medio».
Los expertos identifican más de diez escenarios de confrontación armada activa en distintos departamentos del país. Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Meta, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, Arauca, Guaviare y la región del Catatumbo son los epicentros donde se concentra la violencia. La crisis humanitaria más grave se registra en Catatumbo, donde desde enero de 2025 más de 100.000 personas han sido desplazadas forzadamente, una cifra que evidencia la crudeza del conflicto en esa zona.
Economías ilícitas en expansión y nueva tecnología criminal
Colombia se mantiene como el principal productor mundial de cocaína, y el informe señala que tanto los cultivos de coca como la producción continúan en aumento. A esto se suma el auge de la minería ilegal de oro, impulsada por los altos precios internacionales y en la que participan activamente el ELN, las disidencias de las Farc y los llamados Gaitanistas en regiones como Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y la Amazonía. La extorsión y el secuestro también crecieron desde 2023 como fuentes de financiación criminal, lo que agrava la presión sobre las comunidades.
Un elemento novedoso que destaca el informe es el uso cada vez más sofisticado de drones por parte de los grupos armados, tanto para vigilancia como para ataques con explosivos, especialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Al mismo tiempo, la relación entre las comunidades y estos grupos ha mutado: de márgenes de negociación se ha pasado a esquemas de control social mucho más restrictivos, donde la población civil queda atrapada entre fuegos cruzados y órdenes contrapuestas.
Fuerza pública al límite y relaciones con Estados Unidos
El debilitamiento de la fuerza pública es otro de los ejes del análisis. La renovación de altos mandos y la reducción de efectivos han dejado a las fuerzas de seguridad trabajando al límite de su capacidad, según los expertos. Glaeldys González lo planteó en términos directos: «Independientemente de quién asuma la presidencia, va a tener que enfrentar este desbalance entre grupos criminales y armados y fuerzas de seguridad. Estamos hablando de una fuerza sobrecargada, trabajando al límite de su capacidad. Quien venga va a tener que pensar en cómo recomponer ese equilibrio que se ha perdido».
En el plano internacional, las relaciones con Estados Unidos experimentaron tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro durante 2025 y 2026, aunque se redujeron tras una reunión en febrero de 2026. Gerson Arias subrayó que cualquier estrategia de seguridad que plantee el próximo gobierno deberá pasar por la recomposición del vínculo con Washington. El informe de Insight Crime, que recoge las voces de analistas de primer nivel, deja claro que el próximo presidente de Colombia no solo heredará una crisis de seguridad multidimensional, sino también la difícil tarea de reconstruir un equilibrio que se ha roto en los últimos años.
