Una denuncia penal de 21 páginas fue radicada el viernes 14 de agosto de 2026 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara por el departamento de Chocó, Óscar Benavides, por presuntas irregularidades en la recaudación de donaciones para las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esa región. El expediente, que recayó en el despacho del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala, fue presentado por el egresado de derecho Daniel David Martínez y solicita, además de la investigación contra el congresista, la compulsa de copias a la Fiscalía para examinar las conductas de Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benavides, y de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político en Chocó e inscrito como candidato a la Cámara por la circunscripción especial afro con el aval del Consejo Comunitario El Naranjo, donde también figura Benavides, según certificación del Consejo Nacional Electoral.
La denuncia, que ya está en manos del magistrado Farfán para que decida si abre una indagación preliminar, señala que Benavides promovió una campaña de donaciones para las víctimas del sismo, pero en lugar de utilizar canales institucionales como la Cruz Roja o bancos de alimentos, habría difundido cuentas bancarias personales a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra. Según el denunciante, públicamente se afirmó que el dinero sería administrado por una fundación, pero verificaciones bancarias mostraron que los recursos llegaban directamente a la cuenta de una persona natural, lo que generó dudas sobre el manejo de los fondos y una posible inducción al error de los donantes.
Las acusaciones y el trasfondo de la fundación
Martínez explicó que la denuncia pide una trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material de toda la colecta. “Usar cuentas personales en vez de canales institucionales como la Cruz Roja o bancos de alimentos, buscando protagonismo y generando dudas sobre el manejo del dinero. Si dijeron que era una fundación y en realidad el dinero llegaba primero a una persona natural, pudo inducirse en error a los donantes”, afirmó el denunciante. Además, advirtió sobre posibles beneficios fiscales indebidos: “Si después esa persona aparece formalmente como donante ante la fundación, podría terminar recibiendo beneficios tributarios por recursos que realmente aportaron otras personas, algo que debe ser investigado”.
«Sépanlo, a mí no me van a amedrentar con su acoso judicial… el problema es que yo ayude a mi gente, que yo tome acción por ayudar a los que ellos»
Óscar Benavides, representante a la Cámara, en un video difundido en redes sociales
El representante Benavides reaccionó a la denuncia en un video publicado en sus redes sociales, donde sostuvo que el proceso judicial en su contra es un “acoso” y defendió su gestión: “Sépanlo, a mí no me van a amedrentar con su acoso judicial… el problema es que yo ayude a mi gente, que yo tome acción por ayudar a los que ellos”. La denuncia también cuestiona la figura de la fundación que supuestamente administraría los recursos, y solicita investigar “todo lo que hay detrás de la fundación” que se mencionó durante la campaña. El magistrado Farfán deberá estudiar los soportes presentados para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal que podría derivar en un proceso penal por los delitos de estafa, captación masiva de dinero y peculado por apropiación. Mientras tanto, la comunidad política y las víctimas del terremoto en Chocó esperan que este caso arroje luz sobre la transparencia en la gestión de las ayudas humanitarias.
