La Defensoría del Pueblo elevó el tono de su llamado a una «respuesta institucional urgente» ante la ola de amenazas y homicidios que enfrentan líderes campesinos beneficiarios de la reforma agraria, mientras la Agencia Nacional de Tierras denunció un patrón sistemático de violencia que incluye ataques armados, agresiones físicas y destrucción de medios de subsistencia en varias regiones del país. La advertencia de la Defensoría, difundida en sus redes sociales en los últimos días, se suma al comunicado emitido un día antes por la ANT, que detalló una serie de incidentes ocurridos desde semanas atrás, como el asesinato de Omaira Pancho el 22 de junio de 2025 y el de Alfredo Vasco en fechas previas, así como el ataque armado del 25 de junio en la vereda Nare, Puerto López (Meta), donde hombres armados ingresaron a una vivienda, agredieron físicamente a los ocupantes -incluida una menor de edad-, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus medios de vida.
La violencia no se limitó al Meta. En la Hacienda La Palmira (Córdoba), en el consejo comunitario Zabaletas de Tuluá (Valle), en Antioquia, en el predio La Regina (Valle) y en Inzá (Cauca) se registraron amenazas de muerte, agresiones y quema de enseres, según el reporte de la ANT, que instó a la Fiscalía, la Fuerza Pública y el Ministerio Público a investigar estos hechos. La congresista y excandidata vicepresidencial Aída Quilcué, en su cuenta de X, afirmó que «no son hechos aislados ni meras expresiones de intolerancia», y advirtió que «el miedo y el despojo no pueden regresar a los campos de Colombia». La Defensoría, por su parte, recordó que uno de los cuatro pilares de las decisiones que propone para el próximo gobierno es la reforma rural integral, y aseguró que continuará promoviendo el acompañamiento integral al campesinado.
Respuesta institucional y denuncias
En un comunicado publicado en Facebook, la Defensoría del Pueblo subrayó su compromiso: «En el marco de nuestras competencias constitucionales, continuaremos promoviendo una respuesta institucional urgente y articulada, así como el acompañamiento integral al campesinado y la protección de sus derechos». La entidad ha realizado visitas defensoriales a zonas de alto riesgo para constatar la situación. La Agencia Nacional de Tierras, por su lado, reiteró que la reforma agraria -que busca acceso democrático a la tierra, restitución para víctimas, catastro multipropósito y protección de territorios campesinos y étnicos- «no se va a detener» pese a las amenazas, y enfatizó que constituye una garantía para el derecho a una vida digna y la soberanía alimentaria del campesinado.
«No son hechos aislados ni meras expresiones de intolerancia»
Aída Quilcué, congresista y excandidata vicepresidencial
La excandidata Aída Quilcué, en su cuenta de X, afirmó que los ataques responden a una estrategia sistemática de violencia e intimidación, y llamó a articular esfuerzos para proteger a las comunidades rurales. Mientras tanto, la Defensoría insistió en que la violencia contra los beneficiarios de la reforma agraria no es aleatoria, sino que obedece a un patrón de persecución que requiere una acción coordinada de todas las instituciones del Estado. La reforma agraria, impulsada por el Gobierno Nacional, sigue siendo el eje de las demandas de las organizaciones campesinas, que denuncian que los ataques buscan frenar el acceso a la tierra y los derechos conquistados.
