El equipo encargado del trámite legislativo del Ministerio de Hacienda renunció en su totalidad tras los graves errores procedimentales que llevaron al hundimiento del Presupuesto General de la Nación de 2027. La información fue revelada por la periodista D’arcy Quinn, quien confirmó que una persona presentó su renuncia formal, mientras que a otras cinco les fueron terminados sus contratos de prestación de servicios, sumando seis afectados en el grupo que manejaba la gestión del proyecto ante el Congreso. El incidente ocurrió luego de que las plenarias de Senado y Cámara aprobaran textos distintos del artículo 65 del proyecto de ley, relacionado con temas fiscales, sin que existiera tiempo para una conciliación, error que fue denunciado por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico. El plazo legal para aprobar el presupuesto, que vencía el 20 de octubre, ya había sido superado cuando se conoció la renuncia del equipo.
El error que desencadenó la crisis
El hundimiento del Presupuesto General de la Nación de 2027 se produjo porque el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65, sin posibilidad de conciliación. La senadora Esmeralda Hernández fue quien detectó la discrepancia, lo que provocó que el presupuesto terminara siendo expedido por decreto, con base en lo aprobado en primer debate en las comisiones económicas, dejando por fuera modificaciones que se habían aprobado en plenarias para sectores clave como salud, educación y justicia. Ante la magnitud del error, una de las primeras consecuencias fue la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, ocurrida el 22 de octubre de 2026. En su carta de renuncia, Lara Restrepo se desligó de toda responsabilidad en el error y señaló directamente al Ministerio de Hacienda como el encargado del cotejo y la compilación de los textos. “El Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Es tarea, como lo sabe todo el país político, que corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, afirmó el exministro en su misiva. No obstante, Lara Restrepo aclaró que su rol estaba centrado en garantizar los votos necesarios: “Mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron”.
La versión del Congreso
El representante a la Cámara John Édgar Pérez, de Cambio Radical, ofreció detalles sobre la dinámica que llevó al desastre legislativo. Explicó que la estrategia inicial era votar simultáneamente en Senado y Cámara para evitar la necesidad de conciliación, pero un receso en la Cámara permitió que el Senado avanzara más rápido, generando confusión con las proposiciones avaladas. “La Cámara dio un receso y el Senado pudo adelantar de manera más rápida en la aprobación. Esto nos iba a permitir hacer un paralelo con los artículos aprobados y las diferentes modificaciones que se hacen. Teníamos un listado de los artículos cambiados en Senado y ese, el 65, era uno de los que tenía proposición avalada”, señaló Pérez. Además, el congresista indicó que el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, estuvo presente durante el proceso junto con su equipo técnico. “Ahí estuvo todo el tiempo sentado el ministro con sus técnicos y de manera reiterada preguntamos cuáles eran las proposiciones avaladas y a mí me entregan un paquete que tiene la firma del ministro y dice: aval”, afirmó Pérez, poniendo en duda la versión oficial sobre la responsabilidad en el error.
“Atención, en estos momentos renuncia el equipo encargado del legislativo del Ministerio de Hacienda por todos los errores en la aprobación del presupuesto”
D’arcy Quinn, periodista
Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio de Hacienda que revele los nombres de los funcionarios que renunciaron ni los términos exactos de sus salidas. La crisis deja en evidencia las fallas en la coordinación entre las dos ramas del poder público y plantea interrogantes sobre el manejo del presupuesto para el próximo año, que finalmente tuvo que ser expedido por decreto, con todas las implicaciones que ello tiene para sectores fundamentales como salud, educación y justicia, cuyas modificaciones aprobadas por el Congreso quedaron por fuera. El hecho marca un precedente en la gestión del ministerio y en la relación con el legislativo, en medio de un escenario político ya de por sí tenso por la recta final de la administración.
