El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático y el congresista más votado de la legislatura, exigió la clausura y liquidación inmediata de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP). La petición, difundida a través de sus redes sociales, surge en medio de una serie de escándalos que han sacudido a ambas entidades durante el gobierno de Gustavo Petro, y tras la reciente captura de Carlos Oyola, un analista de la DNI con orden judicial vigente por delitos informáticos. Briceño señaló que la DNI se encuentra presuntamente infiltrada por alias Calarcá y varios hackers, mientras que la UNP estaría plagada de exguerrilleros y delincuentes, con denuncias de desvío de recursos, narcotráfico y traslado de grupos armados.
El pronunciamiento del representante recuerda el antecedente del DAS, liquidado en su momento por escándalos similares. En la DNI, las investigaciones han revelado múltiples irregularidades: un documento de empalme que planeaba vulnerar plataformas estatales y la Registraduría durante elecciones presidenciales, una sede clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que fue desocupada luego de los comicios, la imputación penal contra el exdirector Carlos Ramón González, la suspensión del director de Inteligencia Wílmar Mejía por contactos con disidencias, reuniones con la defensa de alias Papá Pitufo, y la reclusión irregular de alias Mocho Olmedo. Además, la Contraloría vigila cinco contratos de la DNI por un monto de 20.783 millones de pesos, entre ellos la compra de un dron no tripulado por 9.000 millones de pesos y sistemas contra aeronaves remotas por 8.340 millones, ambos con presuntos sobrecostos. También se detectaron programas informáticos maliciosos procedentes de Rusia en dispositivos móviles oficiales de la entidad.
El escándalo en la UNP y las cifras que lo sustentan
En la Unidad Nacional de Protección, las denuncias no son menos graves. En julio de 2024, siete camionetas oficiales de la UNP fueron interceptadas en Antioquia mientras transportaban miembros del Estado Mayor Central de las FARC, incluidos cabecillas con órdenes de captura. Meses antes, en un caso que estremeció a la opinión pública, el denominado ‘narcochofer’ Manuel Antonio Castañeda fue detenido cuando transportaba 168 kilogramos de cocaína en un vehículo oficial de la UNP. A esto se suman denuncias de sobrecostos, combustibles ficticios y esquemas de seguridad sin evaluación, así como la reducción de la protección al exsenador Miguel Uribe Turbay antes de su asesinato en 2025 y la autorización de vehículos blindados y escoltas al exdirector Augusto Rodríguez tras su retiro. Un decreto de junio de 2025, el 0563, facultó a la DNI para intervenir en la dotación de automotores a esquemas de exmandatarios, medida que, según críticos, habría buscado instalar equipos de escucha y localización satelital.
«La Dirección Nacional de Inteligencia infiltrada por alias Calarcá y varios hackers. La UNP llena de exguerrilleros y delincuentes. Ambas deben liquidarse»
Daniel Briceño, representante a la Cámara
La exigencia de Briceño se da justo cuando la captura de Carlos Oyola, ocurrida en Neiva, añade un nuevo capítulo a las denuncias. Oyola, vinculado al grupo de tecnología de la DNI desde febrero de 2024, tenía una orden judicial vigente por delitos informáticos, y su aprehensión reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad y la idoneidad del personal en la entidad encargada de la inteligencia del Estado. El representante del Centro Democrático insiste en que la única salida frente a lo que califica como una «corrupción estructural» es liquidar ambas instituciones y crear nuevos organismos que garanticen transparencia y control. Mientras tanto, desde el gobierno no se ha emitido una respuesta formal a la petición, pero los escándalos continúan acumulándose en el radar de la opinión pública y de los organismos de control.
