La reprogramación de 750.000 millones de pesos destinados a la Calle 13 y a la primera línea del metro de Bogotá, incluida en una modificación de 3,9 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026 solicitada al Congreso, ha generado una fuerte controversia política entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático. El presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán vuelven a estar en el centro del debate, mientras el representante Daniel Briceño y el senador David Racero protagonizan un cruce de acusaciones sobre el origen del ajuste y si este afecta o no la financiación de ambas obras.
El ajuste presupuestal responde a una situación fiscal nacional que exige aportar liquidez a empresas generadoras de energía térmica para reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de pagos del sector eléctrico. De los 3,9 billones totales, 1,2 billones se destinan a dicho sector —750.000 millones que originalmente estaban en movilidad bogotana y 450.000 millones de partidas del Ministerio de Minas y Energía previstas para subsidios eléctricos— mientras que otros 2,7 billones se dirigen al Fondo Milagro para atención y reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto. La reprogramación se formalizó mediante el otrosí número 4 al convenio de cofinanciación del metro, firmado el 22 de julio de 2025, que aplazó transferencias de la Nación para 2025, 2026 y 2027, y cuyo giro reprogramado pasó del 31 de julio al 31 de octubre de 2025. En el caso de la Calle 13, las licitaciones de sus tramos fueron declaradas desiertas, lo que motivó la redistribución de los 437.000 millones asociados a ese proyecto.
Las posturas encontradas sobre la financiación
La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, salió al paso de las críticas y aclaró que los ajustes presupuestales corresponden a una modificación acordada el año pasado en el marco de una negociación entre Nación y Distrito, que permitió reprogramar las vigencias futuras sin modificar los aportes totales ni afectar el ritmo de ejecución. Por el contrario, señaló, esto permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad. Sin embargo, el representante del Centro Democrático Daniel Briceño sostuvo que los 313.000 millones que dejaron de llegar a la primera línea del metro son simplemente una consecuencia de un convenio firmado entre Galán y Petro, y aunque reconoció que no desfinancia el proyecto porque lo que hace es aplazar los pagos, atribuyó la reducción en la Calle 13 a la ineficiencia de la administración Galán en las licitaciones.
El senador del Pacto Histórico David Racero respondió categórico que no baja ni un peso del aporte total del metro, que fijó en 15,14 billones de pesos de 2017, y que los giros de 2026 se mantienen en el calendario. Sobre la Calle 13, Racero coincidió en que obedece a la ineficiencia de la administración Galán, pero recalcó que el gobierno de Gustavo Petro jamás le quitó los recursos, sino que los respetó y garantizó en el presupuesto. El senador también afirmó que la reasignación es una decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella que le quita a la capital, mientras que Briceño respondió que la izquierda está mintiendo al decir que hay un golpe a Bogotá.
«Sobre la discusión frente a la supuesta reducción de recursos para los proyectos de Calle 13 y la Línea 1 del Metro de Bogotá, es importante aclarar que desde el Distrito observamos que los ajustes presupuestales corresponden a la modificación acordada el año pasado en el marco de una negociación entre Nación y Distrito, que permitió reprogramar las Vigencias Futuras de estos proyectos sin modificar los aportes totales de la nación ni del distrito ni afectar el ritmo de su ejecución»
Ana María Cadena, Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá
El trasfondo de la controversia remite a los desacuerdos públicos que Petro y Galán han protagonizado por la construcción del metro de Bogotá. El otrosí número 4 fue aceptado por el Gobierno nacional, la Alcaldía y la gerencia de la Empresa Metro de Bogotá, y el debate se concentra en el uso y cronograma de recursos ya contemplados para infraestructura, no en una reducción explícita de las sumas comprometidas. El Distrito se declaró dispuesto a seguir revisando la programación presupuestal de otros proyectos para habilitar nuevas inversiones, mientras que el trámite de la propuesta nacional de ajuste para 2026 queda pendiente en el Congreso de la República.
