La creación de la Notaría 82 de Bogotá, oficializada el pasado 5 de junio, quedó bajo revisión luego de que surgieran dudas sobre la transparencia del trámite del decreto y versiones sobre presuntas gestiones políticas en el proceso. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, negó haber influido en la decisión y aseguró que su papel se limitó a acompañar una solicitud de los comerciantes de San Victorino, sector donde quedó ubicada la nueva dependencia.
Las dudas comenzaron tras una publicación de El Tiempo que reveló inconsistencias en el procedimiento. El ministro de Justicia saliente, Jorge Iván Cuervo, explicó que su cartera solo revisa la viabilidad jurídica de los estudios remitidos por la Superintendencia de Notariado y Registro. “La necesidad del servicio la establece la Superintendencia de Notariado, al ministerio llega la situación jurídica consolidada, se revisan requisitos, y si cumple, se firma el decreto”, declaró. Por su parte, el superintendente Ricardo Agudelo Sedano afirmó que el análisis técnico ya estaba elaborado cuando él asumió el cargo, en octubre del año pasado, y dijo desconocer cualquier intervención política de Carrascal en el proceso.
San Victorino: necesidad del servicio o presión política
La Notaría 82 se creó en San Victorino, un sector comercial que alberga a cerca de 11.000 pequeños empresarios, 57 centros comerciales y aproximadamente 3.500 establecimientos. Según datos de la zona, allí se registra un alto flujo de dinero en efectivo y operaciones bancarias, lo que, según los comerciantes, justificaba la permanencia de una notaría. Carrascal afirmó que la solicitud venía desde 2020, cuando una notaría creada durante el gobierno de Iván Duque fue trasladada, dejando a la comunidad sin el servicio. “La notaría se crea por una necesidad, porque la comunidad lo solicita. Se crea en el gobierno Duque, pero se trasladó y dejan a esa comunidad sin su notaría. Entonces, cuando entra el Gobierno Petro me convocan a mí y me piden que los ayude gestionando una reunión para ellos solicitar la notaría nuevamente porque sí la necesitan”, sostuvo la congresista. En sus declaraciones, Carrascal fue enfática: “Yo no me inventé una notaría. Yo no salí a decir qué rico que se cree una notaría en San Victorino. Fue porque los comerciantes dijeron: ‘teníamos una notaría creada y se la llevaron para otra parte’. ¿Qué debíamos hacer nosotros, ignorar a la gente? ¿El problema es que la hagamos nosotros?”.
“La necesidad del servicio la establece la Superintendencia de Notariado, al ministerio llega la situación jurídica consolidada, se revisan requisitos, y si cumple, se firma el decreto.”
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia saliente
El caso ya llegó al equipo de empalme del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en el sector Justicia, donde el penalista Iván Cancino investiga la creación de la Notaría 82 y otros nombramientos que han sido cuestionados. Entre los antecedentes que alimentan las sospechas se encuentran designaciones de personas cercanas al petrismo en otras notarías, como la hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, y una abogada cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El rol de una asesora con pasado judicial
La controversia se amplía con la aparición de la abogada María del Pilar Murillo Rodríguez, quien figura en un documento de junio de 2025 como asesora del despacho del superintendente y de la oficina de comunicaciones. Funcionarios de la Superintendencia han pedido indagar su participación en el proceso. Murillo trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Gustavo Bolívar, luego en el Ministerio de Defensa con Iván Velásquez y también ejerció la defensa de alias Jesús Santrich ante la Corte Constitucional. Ella confirmó que trabaja como asesora del superintendente desde hace más de un año y que antes fue asesora de Iván Velásquez. La representante Carrascal, por su parte, insiste en que su gestión fue legítima y que nunca pidió un nombramiento particular, sino que buscó restituir un servicio que consideraba necesario para la comunidad comercial de San Victorino.
