Una nueva denuncia internacional sacude el entorno del presidente Gustavo Petro y la cúpula de Ecopetrol. La organización Misión Colombia Transparente radicó ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) una solicitud formal para que se evalúe la inclusión de Ricardo Roa, actual presidente de la compañía petrolera estatal y exgerente de la campaña Petro Presidente en 2022, en listas de sanciones financieras por presuntos delitos de financiación ilegal. La denuncia, que fue dada a conocer por el representante legal de la organización, Sergio Alzate, también fue presentada en copia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al propio mandatario colombiano.
La solicitud ante el organismo estadounidense detalla movimientos financieros por más de 63 mil millones de pesos colombianos durante el primer semestre de 2022, los cuales estarían vinculados a una serie de presuntas irregularidades. Según el expediente, estas operaciones incluyen la violación de topes de gastos de campaña, financiación de fuentes prohibidas, omisión de información de aportantes y posibles delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El documento pide a la Ofac investigar las transacciones internacionales que involucran a varios países como Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Holandesas, además de Colombia. Entre las operaciones señaladas figura un giro de 100 mil dólares desde Honduras, país donde Roa trabajó durante tres años antes de regresar a Colombia, y un envío de 1.500 dólares a su pareja, Carlos Julián Caicedo, mientras este realizaba estudios en Estados Unidos.
Más de 63 mil millones en movimientos y créditos cancelados en seis meses
La denuncia pone especial atención a las fuentes de financiación de la campaña. Según los documentos allegados, Roa habría tomado créditos con la Cooperativa Confiar y la Cooperativa EPM, los cuales fueron cancelados en un lapso de seis meses, una vez recibidos los recursos aprobados por la autoridad electoral. La defensa de Roa, a través de su abogado Juan David León, ha salido al paso de las acusaciones asegurando que todos los movimientos financieros de su cliente han sido absolutamente transparentes y dentro de los parámetros estrictos de legalidad. León también explicó que una vez recibidos los recursos aprobados por la autoridad electoral, se produjo el pago de los créditos, en una operación que consideran completamente legítima.
El documento presentado ante la Ofac menciona la posible existencia de estructuras de ocultamiento patrimonial y el uso de terceros para la administración o disposición de activos. Se señala a varias empresas como posibles vehículos para justificar y lavar dinero, entre ellas Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S. y Dacar Lawyers e Investments S.A.S. La organización denunciante pide que se rastreen todas las operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional y se identifique a los beneficiarios finales de sociedades, contratos, patrimonios autónomos o negocios jurídicos relacionados con estas transacciones. El abogado de Roa, por su parte, afirmó que su representado no ha sido notificado formalmente de ninguna investigación en Estados Unidos, lo que para la defensa demuestra la falta de sustento de la denuncia.
«Sus movimientos y transacciones financieras han sido absolutamente transparentes y dentro de los parámetros estrictos de legalidad»
Juan David León, abogado de Ricardo Roa
El contexto de esta nueva denuncia se suma a un complejo panorama judicial que ya enfrenta Ricardo Roa en Colombia. La Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de tráfico de influencias en el marco de la compra de un apartamento de lujo en Bogotá, y también tiene una investigación abierta por la presunta violación de topes en la campaña de 2022, imputación que se logró tras tres intentos fallidos de notificación por las ausencias reiteradas del directivo. Además, la denuncia incorpora un elemento de alta sensibilidad política al mencionar posibles aportes de origen criminal provenientes del denominado Pacto de La Picota, incluyendo dineros que habría entregado alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización La Inmaculada, quien fue extraditado a Estados Unidos y, según se ha revelado, envió un audio a la periodista Vicky Dávila hablando de la entrega de dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, hermano del presidente. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá ahora pronunciarse sobre la solicitud de investigar al jefe de Estado colombiano por estos mismos hechos.
