El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa adoptó medidas excepcionales para acelerar la atención de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido este lunes en Risaralda.
El primer día de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 llevó a la Gobernación de Risaralda a declarar la urgencia manifiesta en todo el departamento, como una medida para agilizar la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras necesarias para atender las afectaciones provocadas por el movimiento sísmico. La decisión se suma a la declaratoria de calamidad pública adoptada este 10 de agosto.
La medida cobija a los 14 municipios de Risaralda: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Santa Rosa de Cabal. De acuerdo con el decreto, las autoridades mantienen en desarrollo las labores de evaluación de daños y análisis de necesidades, por lo que el consolidado definitivo de las afectaciones todavía se encuentra en proceso de verificación técnica.
El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa señaló que la prioridad es responder de manera inmediata a las necesidades que surjan en el territorio. La declaratoria permitirá acudir a contratación directa para atender requerimientos relacionados con asistencia humanitaria, alojamiento temporal, transporte, maquinaria, equipos, insumos, elementos de protección, evaluaciones técnicas y recuperación de infraestructura, entre otras acciones directamente vinculadas con la emergencia.
La Gobernación advirtió que la ausencia de un balance definitivo no impide tomar decisiones inmediatas, ante la posibilidad de que aparezcan daños estructurales que no hayan sido evidentes inicialmente, afectaciones en servicios esenciales o nuevas situaciones asociadas al evento sísmico. Además, el decreto señala que la propia administración departamental enfrentó una contingencia en sus sistemas de información y comunicaciones tras el terremoto.
La urgencia manifiesta, precisa el acto administrativo, no constituye una autorización general para contratar. Los bienes, obras y servicios deberán estar estrictamente relacionados con la emergencia y sustentados en necesidades concretas identificadas por las autoridades. Mientras avanza la evaluación técnica, los organismos de socorro, las administraciones municipales y el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo continúan con las labores de monitoreo, atención y consolidación de información.
