En una declaración que remeció el escenario político y judicial del país, la exconsejera presidencial para las regiones del Gobierno de Gustavo Petro, Sandra Ortiz, reconoció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia su relación sentimental con el esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido con los alias de ‘Pedro Pechuga’ o ‘Pedro Aguilar’, quien fue asesinado el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá. La revelación se produce en el marco de la investigación por lavado de activos y tráfico de influencias que rodea el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y pone en evidencia los vínculos entre el sector esmeraldero y altos funcionarios del Estado.
Durante su testimonio, Ortiz aseguró que no todas las personas vinculadas con el sector minero y esmeraldero tienen relación con actividades ilegales y sostuvo que su entonces pareja no tenía investigaciones en su contra. Sin embargo, la información de la que ha tenido conocimiento la Corte ha revelado que Aguilar ingresó en al menos dos ocasiones a la Casa de Nariño, los días 5 de junio y 12 de octubre de 2023, dejando registros de su visita. El testimonio de Javier Grajales, quien integró la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces congresista María José Pizarro, ha sido clave para entender cómo se gestó la relación: Grajales afirmó que Hernando Sánchez, socio y vecino de Aguilar —quien también fue asesinado casi un año después en la misma urbanización—, habría sido la persona que buscó el acercamiento con Ortiz, mientras que ‘Pedro Pechuga’ habría establecido posteriormente una relación sentimental con ella. En su relato, Grajales precisó que Sánchez habría buscado inicialmente el espacio mediante otra persona y un regalo.
Asesinatos, robos y el trasfondo de la esmeralda
El entramado de violencia y corrupción se profundiza con las declaraciones de Eduard Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, otro esmeraldero que participó en una conversación grabada en agosto de 2025 junto a Grajales, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía —entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia—. En esa grabación, Rincón aseguró que a una sociedad empresarial le habrían sido robados 170.000 millones de pesos en esmeraldas y señaló directamente a ‘Pedro Pechuga’ y Hernando Sánchez como responsables de ese supuesto robo. La cifra, descomunal, da cuenta de las dimensiones del negocio ilegal que podría estar en el centro de los dos homicidios. De hecho, Rincón vinculó los asesinatos de Aguilar y Sánchez con el robo de las gemas. El crimen de Aguilar, ocurrido el 7 de agosto de 2024, habría sido ejecutado por un francotirador identificado como alias ‘Carracas’, un exintegrante de la guerrilla, mientras que Sánchez fue asesinado casi un año después, sin que se haya precisado la fecha exacta, en el mismo conjunto residencial.
La exconsejera, quien fue detenida casi un año por el proceso de la Ungrd y recuperó su libertad por vencimiento de términos, aunque sigue vinculada a la investigación, se refirió al asesinato de su pareja en una entrevista con los periodistas Juan Roberto Vargas y Catalina Vargas, sugiriendo que personas interesadas en que no contara su versión podrían estar relacionadas con el crimen. En la misma conversación grabada en agosto de 2025, donde también se mencionó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la entonces congresista María José Pizarro afirmó desconocer la reunión, mientras que Noticias Caracol intentó obtener respuesta de Ortiz y de Amaya, sin éxito.
“No todas las personas vinculadas con el sector minero y esmeraldero tienen relación con actividades ilegales. Mi entonces pareja no tenía investigaciones en su contra.”
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones
El contexto devela una red de relaciones que trasciende el círculo de la esmeralda. El fallecido esmeraldero Víctor Carranza, mentor de ‘Pedro Pechuga’, también aparece en el trasfondo, y el expresidente del Senado, Iván Name, reconoció haber sido amigo de Aguilar, a quien calificó como un “empresario serio y honesto”. La Corte Suprema de Justicia continúa indagando si las visitas a la Casa de Nariño y los vínculos sentimentales y de amistad constituyen elementos de tráfico de influencias o lavado de activos dentro del escándalo de la Ungrd, mientras la sombra de los 170.000 millones de pesos robados y dos asesinatos sin resolver ensombrecen aún más el caso.
