El Senado de la República aprobó en la noche del lunes 19 de octubre de 2025 el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos, con 57 votos a favor y uno en contra. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, superó la primera instancia legislativa tras una jornada de debate que se extendió por casi doce horas y ahora deberá ser votada en la Cámara de Representantes antes de la medianoche del martes 20 de octubre, plazo legal establecido para definir el trámite definitivo del presupuesto.
El proyecto, que contempla los recursos para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Estado durante el año 2027, fue defendido en la plenaria por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. El monto total aprobado representa un incremento de aproximadamente el 10% sobre la propuesta original del Gobierno y un 14% frente al presupuesto de la vigencia anterior. Del total, 393,2 billones de pesos se destinarán a funcionamiento, 147 billones al servicio de la deuda y 94,6 billones a inversión.
Los ajustes incluidos en el trámite
Durante el debate se incorporaron varias modificaciones al articulado. La salud recibió tres billones de pesos adicionales, provenientes de una redistribución de partidas del Ministerio de Hacienda. La educación contó con un incremento de 100.000 millones de pesos para inversión, mientras que el Congreso obtuvo otros 100.000 millones, repartidos en 50.000 millones para el Senado y 50.000 millones para la Cámara. El Ministerio de Minas y Energía vio aumentado su presupuesto en cerca de tres billones de pesos, al pasar de 7,5 a 10,51 billones, para atender subsidios de electricidad, gas, GLP y transporte de combustibles en zonas de frontera. El Ministerio de Ambiente recibió 26.500 millones adicionales; la Registraduría Nacional del Estado Civil, 100.000 millones; y el Instituto Nacional de Vías (Invías), otros 100.000 millones para proyectos en Santander. También se aprobó una modificación interna en la Defensoría del Pueblo por 30.000 millones, que fueron trasladados de inversión a funcionamiento.
Tensiones políticas y controversias
La jornada estuvo marcada por fuertes tensiones políticas. La bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto antes de la votación definitiva, mientras que la bancada liberal abandonó temporalmente la discusión tras declaraciones del presidente de la corporación, Abelardo de la Espriella, sobre presuntas irregularidades en San Andrés. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó conversaciones con los congresistas liberales para facilitar su regreso al debate. Una de las controversias más relevantes giró en torno a una proposición para reducir en 11.402 millones de pesos el presupuesto de inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladarlos al Ministerio de Defensa para indemnizaciones a familiares de integrantes de la Fuerza Pública asesinados por las extintas Farc-EP, una iniciativa que generó división entre los sectores políticos.
En la votación de los 65 artículos que no presentaron proposiciones, estos se aprobaron en bloque, mientras que cerca de 800 proposiciones fueron rechazadas de igual manera. En el debate intervinieron varias bancadas y congresistas, entre ellos el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, y la senadora Jennifer Pedraza, quien solicitó votar individualmente los artículos 2, 90, 91 y 92, pero la plenaria los sometió a votación conjunta, que resultó en 58 votos a favor y 15 en contra. También se contempló la inclusión de facultades extraordinarias para que el presidente traslade excedentes de partidas presupuestales al denominado Fondo Milagro, un tema que fue objeto de intenso debate en el articulado.
Con la aprobación del Senado, el Presupuesto General de la Nación para 2027 queda en manos de la Cámara de Representantes, que entró en receso cerca de la medianoche del lunes y se citó nuevamente para las 12:10 de la mañana del martes. Mientras tanto, el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, prepara una iniciativa separada de ajuste fiscal, denominada «ley de rescate», para reducir el gasto público y reorganizar las finanzas del Estado, cuya discusión será independiente del presupuesto. La definición de este trámite, que debe completarse antes de la medianoche del martes 20 de octubre, definirá los recursos con los que contará el Estado colombiano durante el próximo año.
