La representante a la Cámara Carol Borda, junto con los congresistas Sara Jimena Castellanos Rodríguez, Enrique Gómez Martínez y Germán Andrés Rodríguez Prieto, todos integrantes del partido Salvación Nacional, radicaron una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Gustavo Petro. La denuncia, fechada el 19 de octubre de 2026, señala que Petro habría dado instrucciones a funcionarios y asesores de su gobierno para promover señalamientos contra los dirigentes políticos Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras durante reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar, ocurridas a lo largo de 2025. Los denunciantes citan declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar; este último, en declaraciones a Caracol Radio, afirmó ser testigo presencial de que Rodríguez y Víctor de Correa Lugo, exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), plantearon que los exjefes paramilitares hicieran pública información contra los tres dirigentes, y que la solicitud provenía directamente del entonces presidente Petro.
Esta no es la única denuncia presentada por estos hechos. De manera paralela, los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo, de la firma Tyche, también radicaron una denuncia ante el mismo órgano legislativo. En su escrito, solicitan verificar documentalmente la intervención de RTVC, el medio público, y la eventual participación de sus funcionarios, así como establecer si se ofrecieron beneficios judiciales o de justicia transicional a cambio de las declaraciones y si los hechos constituyen un abuso de función pública o una utilización indebida de recursos estatales. Según una columna del periodista Melquisedec Torres en El Colombiano, el entonces gerente de RTVC, Hollman Morris, habría dispuesto una unidad móvil y equipo de producción para que los exparamilitares pudieran comunicar públicamente esa información.
Reacciones y contexto de las denuncias
Los señalamientos se enmarcan en las reuniones que el gobierno de Petro sostuvo con antiguos comandantes de las AUC como parte de las políticas de paz, reconciliación y esclarecimiento del proceso de desmovilización. Sin embargo, la denuncia busca esclarecer si estos espacios institucionales se utilizaron con fines políticos. En particular, Angie Rodríguez afirmó públicamente que su misión en Valledupar era que los excomandantes hablaran contra dirigentes políticos, mientras que Mancuso, según El Colombiano, aseguró que delegados del entonces presidente habrían solicitado formular señalamientos contra los tres dirigentes. No obstante, Mancuso ha señalado que Petro no le habría hecho personalmente esa solicitud.
Ante las acusaciones, el expresidente Gustavo Petro ha negado categóricamente los hechos y ha desafiado a sus acusadores a presentar pruebas concretas.
«No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político».
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Es importante resaltar que la presentación de estas denuncias no implica que las conductas estén probadas. Los denunciantes han aportado las declaraciones públicas de los involucrados como elementos de prueba, y será la Comisión de Investigación y Acusación la que determine si hay mérito para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el expresidente Petro mantiene su postura de inocencia y cuestiona la falta de evidencias en su contra, en medio de un debate que pone bajo la lupa el uso de los espacios de reconciliación con fines políticos y la posible participación de recursos públicos en dichas maniobras.
