El senador Enrique Gómez Martínez, líder del partido Salvación Nacional, denunció este martes durante un debate en la Comisión Primera del Senado un incremento desproporcionado en la nómina paralela de contratación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según las cifras presentadas por el congresista, el número de órdenes de prestación de servicios (OPS) pasó de 134 a 1.218 en menos de siete años, lo que representa un aumento neto de 1.084 contratistas. La denuncia se enmarca en la discusión del proyecto de acto legislativo que radicó el mismo Gómez, el cual busca impedir cualquier prórroga de la JEP más allá de 2028. Durante su intervención, el senador cuestionó la justificación de este crecimiento: «¿Cómo le explicamos al pueblo colombiano esto?», preguntó.
El costo de estos contratos en 2026 asciende a 72 mil millones de pesos, lo que equivale al 25% de la nómina paralela respecto a la planta de personal de la JEP. Gómez señaló que este incremento no se refleja en resultados concretos: «Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años. Eso, visto el resultado que se ha venido evidenciando a nivel de sentencias y de resoluciones de situación jurídica y de resoluciones de conclusión, pues no tiene en la práctica ninguna justificación». El senador añadió que la ciudadanía está indignada y anticipa un «mega resultado de impunidad», no solo por la calidad de las penas —que no son privativas de la libertad— sino por la «imposibilidad real en el esquema procesal que adoptó la JEP para llegar a conclusiones de hecho sobre las decenas de miles y cientos de miles, millones de casos de violaciones al derecho humanitario y crímenes de guerra de las Farc».
Contexto y alcance de la propuesta
La JEP fue creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con una vigencia de 10 años, más 5 años adicionales para concluir actuaciones. El proyecto de acto legislativo presentado por Enrique Gómez elimina la posibilidad de que los magistrados soliciten al Congreso una prórroga y establece que los casos no resueltos pasen a la justicia ordinaria, manteniendo los beneficios del Acuerdo de Paz. Para la transición, el Congreso deberá tramitar una ley estatutaria. La reforma aclara que las personas y hechos que asuma la justicia ordinaria seguirán bajo parámetros de justicia transicional, sin sanciones más gravosas que las acordadas. Los comparecientes que deban presentarse después de 2028 quedarán bajo jurisdicción de despachos judiciales comunes, a plicando los beneficios del Acuerdo de Paz.
«Esta cifra es determinante. La nómina paralela de la justicia para la paz, la nómina paralela de la paz, pasó en el inicio de esta corporación judicial de 134 cargos a 1.218»
Enrique Gómez, Senador de la República
