La senadora Sara Castellanos criticó duramente la presunta asignación de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la creadora de contenido y activista digital Gabriela Muñoz, de 20 años, contrastando este hecho con el caso del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. La parlamentaria denunció lo que considera una clara muestra de prioridades políticas en la protección de figuras públicas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de que se conociera que la UNP asignó a Muñoz dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas el 26 de junio de 2026, pese a que la joven no tenía ningún vínculo contractual con el Estado colombiano en ese momento.
La polémica estalló después de que el diario El Tiempo revelara los detalles de la asignación, que contrastan fuertemente con el caso del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El congresista fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció en agosto del mismo año. Su familia, representada por el abogado Víctor Mosquera, ha denunciado que solicitó en reiteradas oportunidades el reforzamiento de su esquema de seguridad sin recibir una respuesta positiva. La senadora Castellanos expresó su indignación a través de su cuenta en la red social X: “¡Qué paradoja! Hace un año, a Miguel Uribe le recortaron el esquema de seguridad. Hoy, a Gabriela Muñoz le asignan uno. Las prioridades del Gobierno Petro siempre estuvieron muy claras. Cuando se trata de seguridad, parece que el clientelismo pesa más que el mérito y la necesidad”.
Versiones encontradas sobre la seguridad de Uribe
En declaraciones a Noticias RCN, el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, salió al paso de las críticas y negó cualquier negligencia en el caso de Miguel Uribe. Por el contrario, afirmó que el senador contaba con un esquema de seguridad robusto, incluso superior al de otros parlamentarios, compuesto por cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, Rodríguez aseguró que fue el propio Uribe quien tomó decisiones que, a su juicio, debilitaron su propia protección, como dividir su equipo de escoltas para que unos cuidaran a su familia y otros a él, y rechazar el relevo de personal que la UNP le ofreció. Estas afirmaciones chocan directamente con la versión de la familia del senador, quien sostiene que lo que se produjo fue un desmonte progresivo de su seguridad.
«El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas»
Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP
Acusaciones contra Gabriela Muñoz y la Aeronáutica Civil
El escándalo no se ha limitado al aspecto de la seguridad. La exdirectora del Fondo de Adaptación y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, ha señalado directamente a Gabriela Muñoz de haber ejercido una influencia indebida en la Aeronáutica Civil durante el gobierno Petro. En entrevista con El País América, Rodríguez aseguró que Muñoz, al igual que otra figura mencionada, Juliana Guerrero, manejó “a su antojo” la entidad. “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (…). Es el mismo modus operandi”, declaró la exfuncionaria, sugiriendo que pese a tener un cargo de auxiliar, la joven influía en decisiones de nombramientos y contratación.
«Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación»
Gabriela Muñoz, creadora de contenido
Frente a estas graves acusaciones, Gabriela Muñoz ha emitido un comunicado en el que niega categóricamente haber tenido algún poder de decisión dentro de la Aeronáutica Civil. La creadora de contenido, señalada como cercana al expresidente Gustavo Petro, aclaró que sus funciones siempre fueron de apoyo y que no ocupó ningún cargo técnico ni directivo que le permitiera nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos u ordenar gastos. La controversia, que combina la asignación de un esquema de seguridad de alto costo a una joven sin vinculación estatal con acusaciones de clientelismo e injerencia política, mantiene en el centro del debate público la gestión de la UNP y las prioridades del anterior gobierno.
