La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el pasado martes 4 de agosto la formulación de un pliego de cargos contra Enel Colombia, AES Colombia y Celsia por presuntas conductas que habrían limitado la libre competencia en el mercado de energía mayorista colombiano. La investigación, que cubre el período comprendido entre 2022 y 2025, se originó a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 11 de enero de 2022, ante los incrementos «significativos» en el precio de la energía en la Bolsa. Según el comunicado oficial de la SIC, existen elementos de juicio que permiten inferir, de manera preliminar, la posible realización de conductas tendientes a distorsionar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).
Las tres empresas generadoras habrían ofertado precios reiteradamente elevados sin justificación técnica, económica u operativa, incluso en momentos en que los embalses se encontraban al 90% o más de su capacidad útil. En condiciones de abundancia hídrica, la regulación prevé que los precios de la energía hidráulica deberían aproximarse a los mínimos establecidos, por lo que las presuntas maniobras tendrían la capacidad de reducir la participación de la generación hidráulica en el despacho, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precio que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico, según detalló la Superintendencia.
Impacto en los precios y los usuarios
La Bolsa de Energía es la referencia para las transacciones de corto plazo en el mercado mayorista, por lo que cualquier distorsión en su funcionamiento afecta directamente los costos que pagan millones de usuarios y empresas en todo el país. La SIC, actuando como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, enfatizó que estas conductas habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo, reduciendo la participación de generación hidráulica y favoreciendo tecnologías más costosas. El organismo subrayó que su labor se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente el de garantizar energía asequible y no contaminante.
«Las conductas investigadas habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en la Bolsa. En particular, habrían podido reducir la participación de generación hidráulica en el despacho, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precio que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico».
Comunicado oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio
El proceso se encuentra en fase administrativa y las acusaciones tienen carácter preliminar. La SIC actúa como garante imparcial, comprometida con el rigor técnico y el debido proceso, y advirtió que de confirmarse las irregularidades se podrían establecer sanciones y medidas para restablecer la competencia en el mercado. Las empresas investigadas —Enel Colombia, AES Colombia y Celsia— ahora cuentan con un plazo para presentar sus descargos y defenderse de las imputaciones. La decisión final de la Superintendencia podría sentar un precedente en la regulación del sector eléctrico colombiano, donde la transparencia en la formación de precios es clave para la confianza de los inversionistas y el bienestar de los consumidores.
