La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso una sanción superior a los 5.300 millones de pesos a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, conocida como Sayco, junto con ocho de sus directivos, por abusar de su posición de dominio y restringir la gestión individual de los derechos patrimoniales de autor relacionados con la comunicación pública. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución No. 90629 emitida el 5 de noviembre de 2025, notificada el 18 de noviembre del mismo año y comunicada públicamente el 26 de noviembre de 2026, en el marco de una investigación que evidenció prácticas anticompetitivas en el país.
Sayco, como la única sociedad autorizada en Colombia para la gestión colectiva de estos derechos de autores y compositores, impuso restricciones injustificadas a sus afiliados que optaban por manejar individualmente algunas modalidades de comunicación pública, lo que les impedía ser considerados socios plenos ni participar en los órganos directivos de la entidad, excluyendo así a no socios de estos espacios de decisión. La Superintendencia ordenó cambios estructurales para corregir estas barreras que obstaculizaban la libre elección de los titulares de derechos.
Comportamientos calificados como reprochables
En su comunicado del 26 de noviembre de 2026, la SIC aclaró que estos comportamientos fueron calificados como objeto de reproche, destacando cómo Sayco utilizó su monopolio para limitar opciones individuales y afectar la competencia en el sector. La sanción económica, que asciende a más de 5.300 millones de pesos, busca disuadir futuras prácticas similares y promover un entorno más equitativo para la gestión de derechos de autor en el país.
“La Superintendencia encontró que la sociedad impuso distintas restricciones injustificadas a los afiliados que decidieran reservarse la gestión de alguna de estas modalidades a la gestión individual”
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Es importante señalar que esta decisión aún no está en firme, ya que Sayco y los directivos sancionados tienen la posibilidad de interponer un recurso de reposición, lo que podría modificar el fallo en las próximas semanas y generar mayor debate sobre la regulación de las sociedades de gestión colectiva en Colombia.
