El Congreso de la República de Colombia enfrenta su semana definitiva antes del cierre del período ordinario de sesiones, programado para el 20 de junio, con una agenda legislativa cargada de proyectos prioritarios para el Gobierno del presidente Gustavo Petro que corren el riesgo de archivarse. La falta de mayorías claras en el Legislativo y el ajustado calendario han puesto en vilo iniciativas clave, desde la creación de una jurisdicción agraria hasta la reforma al Icetex, en medio de debates que se intensifican en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. La cercanía de la segunda vuelta presidencial agrava la incertidumbre política, haciendo que las conciliaciones y votaciones de última hora sean el único recurso para evitar que estas propuestas queden sin efecto hasta una próxima legislatura.
Entre los proyectos más críticos se encuentra la Jurisdicción Agraria, que requiere dos debates adicionales para avanzar, pero se encuentra trabada por desacuerdos en torno a las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La Corte Suprema de Justicia ya alertó sobre vacíos jurídicos en la iniciativa, lo que añade presión a un proceso que, de fracasar, dejaría sin respaldo legal a miles de campesinos y comunidades rurales en sus disputas por la tierra. Asimismo, la Ley Jineth Bedoya, que busca capacitar a funcionarios públicos en materia de violencia de género, ha superado tres de cuatro debates, pero su aprobación final pende de un hilo; datos recientes indican que el 35,4 por ciento de las víctimas de feminicidio en 2025 habían sido atendidas previamente por Medicina Legal, lo que resalta la urgencia de esta normativa para prevenir más tragedias.
Reformas sociales y económicas en vilo
La reforma al Icetex, que propone eliminar la llamada deuda perpetua de los estudiantes y establecer un sistema de pago contingente al ingreso, se encuentra en un momento crucial, pues necesita ser aprobada en plenaria y posteriormente pasar por un proceso de conciliación. De no lograrlo, miles de jóvenes colombianos seguirían atados a créditos educativos que comprometen su futuro financiero. Por otro lado, el proyecto de seguridad vial, que incluye un nuevo seguro obligatorio con cuotas anuales que alcanzarían hasta 786.000 pesos para automóviles y 367.000 pesos para motocicletas, ha generado un fuerte rechazo por parte del sector asegurador. El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, fue contundente al referirse a la iniciativa: «No sabemos de dónde salió ese artículo; no es una propuesta del sector asegurador y no estamos de acuerdo», declaró, dejando entrever que el texto legal no contó con consenso previo.
«No sabemos de dónde salió ese artículo; no es una propuesta del sector asegurador y no estamos de acuerdo»
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda
La Ley Doctora Catalina, que limita la jornada laboral de los médicos residentes, aún requiere un debate en el Senado, mientras que la creación de un fondo de ayuda para deportistas vulnerables, que incluye una red de seguridad social, también enfrenta obstáculos. En contraste, iniciativas como la restitución de la mesada 14 para maestros y el fortalecimiento de derechos laborales juveniles ya fueron aprobadas, lo que demuestra que el Congreso sí logró consensos en algunos frentes. Sin embargo, la reforma a la salud, una de las banderas del Gobierno Petro, no contó con el respaldo suficiente y quedó sin aprobación, lo que representa un duro revés para la administración.
Tensión política y bloqueos legislativos
En medio de este escenario, proyectos como los bonos escolares, impulsados por la senadora Paloma Valencia, han quedado bloqueados por la bancada oficialista. El presidente Gustavo Petro calificó la propuesta como una «privatización de la educación pública», lo que ha profundizado las divisiones en el Congreso. Por su parte, la Ley de Competencias, que busca asignar funciones y recursos entre el Estado central, los departamentos y los municipios, se discute en la Comisión Primera de la Cámara y tiene un plazo máximo de 12 meses para ser implementada tras la reforma al Sistema General de Participaciones. Otra iniciativa, la de garantías para contratistas estatales, que promueve el pago oportuno y límites a las contrataciones temporales, se encuentra trabada en tercer debate debido a cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
El senador Carlos Julio González, en declaraciones a El Tiempo, advirtió que las perspectivas de acuerdo son limitadas, lo que aumenta la posibilidad de que el Gobierno deba convocar a sesiones extraordinarias con una agenda restringida para salvar algunas de estas reformas. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa el desenlace de una semana que definirá el rumbo de políticas clave en justicia agraria, educación, salud y seguridad social, en un contexto donde el tiempo y las mayorías políticas parecen estar en contra de las promesas de cambio del Ejecutivo.
